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La Asamblea Nacional debate una reforma que incorpora artículos de la Ley de Integridad Pública y plantea evaluaciones periódicas para funcionarios con aplicación en un plazo de 90 días.
El Grupo Noboa pagó USD 25,7 millones al fisco y se acogió, como más de 100 mil contribuyentes, a la remisión tributaria aprobada en la Ley de Integridad Pública, explicó el abogado del conglomerado Fernando Yavar. Hay cuestionamientos éticos por lo ocurrido.
Los funcionarios desvinculados bajo la Ley de Integridad Pública mantienen sus despidos, ya que la Corte Constitucional no dispuso que la sentencia tenga efecto retroactivo.
La Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Integridad Pública tras la demanda de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse).
En julio pasado, la Presidencia de Ecuador anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios con excepción de personal de salud, educación, fuerzas del orden y grupos vulnerables.
La Resolución es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la Función Ejecutiva que cuentan con personal bajo régimen de la Ley.
