Entre mayo y octubre de este año se han intensificado en Ecuador el hostigamiento y las amenazas contra periodistas, según un informe base elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con motivo de su 77 Asamblea General Virtual.
El informe, pendiente de aprobación por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea desde este martes, recoge testimonios y denuncias de comunicadores sociales sobre atropellos a su actividad, en un período que se extiende desde mayo, cuando se produjo la transición del presidente Lenín Moreno a Guillermo a Lasso.
En el periodo analizado “se intensificaron el hostigamiento y las amenazas contra periodistas por parte de funcionarios públicos, miembros de la Policía Nacional, agentes de las policías municipales e incluso por parte de guardias de seguridad privada”, precisa el informe sobre el país andino.
Asimismo, señala como un aspecto positivo el hecho de que la Asamblea Nacional (Parlamento) dejó sin efecto el artículo de una ley para erradicar la violencia de género y del código penal, que sancionaban la violación a la intimidad a través de publicaciones, sobre todo imágenes, sin el consentimiento de los involucrados.
Varias asociaciones de prensa habían considerado que dicha normativa representaba una amenaza a la libertad de expresión y limitaba el trabajo de los periodistas.
Asimismo, la SIP advierte en su informe de la preocupación que generaron ciertas limitaciones al acceso a la información en el sector público y puso como ejemplo el caso de la Contraloría General del Estado que negó al diario El Universo la información sobre declaraciones del patrimonio de un grupo de funcionarios.
Además, considera que, a raíz de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre los denominados papeles de Pandora, de la que fue parte El Universo, el presidente Lasso “reclamó” a ese diario por ser, según dijo, “parte de una campaña de desprestigio en su contra”.
El Universo respondió que “no denunció ninguna trama de evasión de impuestos ni acusó al presidente de ilegalidad alguna” en este caso, cuya primera investigación está actualmente en manos de la Asamblea Nacional.
En otros aspectos del informe se detalla varias amenazas contra periodistas por cubrir conflictos mineros, supuestas agresiones contra periodistas por parte de policías y amenazas contra un comunicador por parte del hermano de un alcalde en la ciudad de Naranjal.
Entre las agresiones más graves están la del 28 de mayo, cuando desconocidos dispararon al periodista Calixto Zambrano, de Eco FM, de la provincia costera de Manabí, cuando salía de la sede de la emisora, en un sector de la ciudad de El Carmen, según el informe.
Asimismo, la denunciada agresión a un equipo del canal Teleamazonas por parte de miembros de seguridad del empresario Jacobo Bucaram Pulley, acusado en un caso de supuesto sobreprecio en la compra de insumos médicos durante la pandemia del coronavirus.
El informe también relata sobre el segundo atentado con un explosivo contra el periodista Mario Pinto, de MP Noticias, en la ciudad costera de Machala y puntualiza las amenazas contra Mónica Almeida y Paúl Mena, de El Universo, por parte de un empresario acusado de lavado de activos en un caso de supuesta corrupción relacionada con fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía. EFE
