El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó que ha encargado al Ejército la seguridad de los candidatos presidenciales, Luisa González y Daniel Noboa.
Ambos se enfrentarán en una segunda vuelta a la carrera por el Palacio de Carondelet.
“He dispuesto a las Fuerzas Armadas que se encarguen, de forma inmediata, de la seguridad de los candidatos presidenciales (…) Nuestra democracia va a salir fortalecida de este proceso electoral y para ello es primordial que los candidatos tengan el suficiente resguardo”, detalló el mandatario.
Esta decisión tiene lugar después de fuese asesinado en Quito el candidato presidencial por el Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, en un periodo marcado por la ola de violencia política que sacude el país.
Excandidato se ca del país por seguridad
Christian Zurita, que asumió la candidatura de Villavicencio tras su muerte, mencionó este jueves que está barajando salir del país por las amenazas de muerte.
“Por las propias condiciones de seguridad debería ausentarme un tiempo del Ecuador, porque son muy serias y graves”, declaró en una entrevista con BBC Mundo.
Zurita lamentó que tenga que “vivir con un guardia de seguridad” y que los agentes de Policía tengan que entrar previamente a los espacios a los que tiene que asistir para “ver si son seguros”. Por ello, dijo, quiere anteponer la seguridad de su familia.
Lasso tomó posesión en mayo de 2021 bajo la premisa de ampliar los horizontes en distintos ámbitos de un Ecuador que, en los dos años posteriores, ha terminado viviendo en una crisis política y social prácticamente constante.
La mejora de las estadísticas macroeconómicas no ha logrado contener los niveles de desigualdad y pobreza, uno de los grandes objetivos marcados por el exbanquero.
La gota que colmó el vaso de la frágil estabilidad del país llegó en mayo de este año, con el inicio de un juicio político contra el mandatario por supuesta corrupción.
Lasso defendió su inocencia y acusó a la Asamblea Nacional de sumir al país en una “grave crisis”.
Con este argumento, invocó la conocida como ‘muerte cruzada’, una prerrogativa constitucional que implicaba la disolución de la Asamblea a costa de la convocatoria también de elecciones presidenciales.
Así, los ecuatorianos acudieron a las urnas el 20 de agosto para elegir al jefe de Estado y a los nuevos asambleístas, aunque no para mandatos completos sino para completar los que ya están en marcha, que concluirán en 2025.
La segunda vuelta electoral tendrá lugar el 15 de octubre.