La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional ecuatoriana consideró este viernes que el presidente Guillermo Lasso “obstaculiza” la investigación del caso de los papeles de Pandora y se ratificó en su decisión de no recoger su testimonio “a domicilio”.
“La nueva inasistencia del presidente obstaculiza seriamente esta investigación y obstruye de manera intencionada la labor de la Asamblea Nacional de ejercer control político y fiscalización a los actos de los y las servidores públicos”, se quejó el jefe de la Comisión, José Fernando Cabascango, antes de dar por cerrada la sesión.
Lasso, investigado por los papales de Pandora, ya había comunicado el jueves que no asistiría a la segunda convocatoria que le había hecho “bajo prevención de Ley” la Comisión, que hoy se reunió únicamente con carácter protocolario para leer públicamente el oficio presidencial.
“Debo respetuosamente ratificar los términos de mi comunicación del (día) 20, sin que sea necesario abundar en nuevos argumentos”, escribió el mandatario en una carta que ya era pública desde el jueves.
Uno de los argumentos vertidos en la primera misiva presidencial, el miércoles, con su primera citación, consistía en que se ofrecía a responder a las preguntas de la Comisión en el Palacio de Gobierno y después de que todos los otros testigos y expertos hubieran comparecido.
Como ya había advertido hace dos días, Cabascango le respondió este viernes que “esta comisión bajo ningún concepto realizará comparecencias a domicilio”, si bien en este caso se abstuvo de hablar de “juicio político” al mandatario, como había hecho el miércoles al apelar a los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
“Todo servidor público se encuentra sujeto al control político y el Presidente de la República no es la excepción. Así lo determina la Constitución y la ley al señalar que cualquier servidor público puede ser investigado por actos de interés ciudadano que hayan generado conmoción social o crisis política”, se limitó a decir en su mensaje de hoy.
La publicación de los Papeles de Pandora, que atribuyen a Lasso propiedades en paraísos fiscales hasta 2017, condujeron a un revuelo en la escena política nacional e internacional, con llamamientos de la oposición, sobre todo la correísta (por el expresidente Rafael Correa, 2007-2017) a que dimita o sea depuesto por la Asamblea.
El presidente ecuatoriano ha insistido en repetidas ocasiones que sus propiedades en el extranjero eran conocidas por todos y que en 2017, en respuesta a una ley que lo prohibía, se deshizo de ellas.
La oposición quiere saber no obstante cómo lo hizo exactamente, a quien las traspasó, si se ha incurrido en un delito de testaferrismo al hacerlo y, si antes de 2017, cometió evasión o elusión de impuestos.
Todo ello es objeto de investigación asimismo por la Fiscalía General del Estado, después de que un excandidato presidencial, Yaku Pérez, presentara una denuncia penal contra Lasso, quien hoy dejaba entrever su disposición a colaborar por “respeto” a la independencia de poderes.
“El jefe del Estado -fiel a sus principios democráticos- respeta el accionar de todas las instancias judiciales del Estado, por lo que responderá ante los órganos pertinentes para reiterar el cumplimiento de la ley y transparencia en todas sus acciones, tal como ya ha hecho en ocasiones anteriores”, decía su comunicado.
En el caso de la Asamblea, con la que el mandatario tiene una dura puja este último mes y medio por otras razones, entre ellas el bloqueo de sus reformas tributarias y laborales, considera que el trabajo de la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por la oposición, es un “show político”, según dijeron a Efe fuentes de su entorno más próximo. EFE