La Justicia ecuatoriana aceptó este viernes el pedido de la Fiscalía para que no se derribe el edificio de la Escuela Superior de Policía donde, presuntamente, ocurrió el asesinato de María Belén Bernal, cuyo principal sospechoso de la muerte es su esposo, un teniente ahora prófugo.
El caso se trató este viernes en la Unidad de Violencia contra la Mujer, de Casa de Justicia, en el norte de Quito, donde el juez Germán Gallo dio “paso a la orden especial de medida cautelar solicitada por la Fiscalía para preservar el lugar de los hechos”, indicó la Fiscalía en sus redes sociales.
Añadió que Gallo también dispuso oficiar la orden especial de medida cautelar al jefe de Estado, Guillermo Lasso y al ministro del Interior, Juan Zapata, entre otros.
Lasso había anunciado el pasado lunes que derribarían el inmueble “una vez que la Justicia, la Fiscalía y los jueces hayan obtenido de este edificio todas las pruebas necesarias” para esclarecer el caso.
Añadió que luego empezarían a construir “un nuevo edificio que dé inicio a un nuevo concepto de la escuela superior policial”, que esté inspirado “en el respeto a la mujer”.
El caso de Bernal ha indignado y conmovido a todo el país y se ha convertido en uno de los más destacados de la violencia contra la mujer al haberse producido dentro de una instalación policial, lo que ha llevado a la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, a calificarlo, incluso, de “crimen de Estado”.
SIN REGISTRO DE SALIDA
Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre, cuando Bernal acudió a la Escuela Superior de Policía a visitar a su esposo Germán Cáceres, que ejercía de instructor en ese centro formativo de policías, ubicado al norte de Quito.
Los estamentos de control tienen el registro de ingreso de Bernal, pero no de salida de la Escuela.
El cuerpo de Bernal fue hallado diez días más tarde en un cerro cercano a la Escuela de Policía con señales de estrangulamiento, de acuerdo a lo informado por la Policía a partir de la autopsia.
Cáceres, principal sospechoso del crimen, sigue prófugo y en paradero desconocido después de que pusiera una denuncia por la desaparición de su esposa y rindiera una primera declaración ante la Fiscalía en los primeros días de la desaparición, sin que en ese momento se formulasen cargos contra él.
El Gobierno ha incluido a Cáceres en la lista de los más buscados del país e incluso ha ofrecido una recompensa de hasta 20.000 dólares a quien facilite información confiable para su captura.
