La fiscalización del paro nacional quedó bajo responsabilidad de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, dirigida por la bancada oficialista ADN. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) respaldó esta decisión.
El CAL aclaró que cuando una comisión inicia un proceso de fiscalización, ninguna otra puede solicitar la comparecencia de autoridades por el mismo asunto. La medida ha generado controversias.
Comisión de Seguridad tendrá control del proceso
Con esta disposición, la Comisión de Garantías Constitucionales, dominada por el correísmo, quedó excluida de la fiscalización del paro nacional en Ecuador. Ese bloque buscaba revisar denuncias de represión policial.
En cambio, la Comisión de Seguridad asumirá la línea de análisis: “los actos de violencia derivados a las actuaciones de la sociedad civil y fuerza pública de seguridad en el contexto de las movilizaciones iniciadas en septiembre de 2025 (Paro Nacional)“.
Reacciones y tensiones políticas
La decisión del CAL refuerza el control de ADN y sus aliados sobre los espacios de fiscalización legislativa. El correísmo acusa un bloqueo de su capacidad de control.
El paro nacional en Ecuador ha provocado tensiones entre manifestantes y fuerza pública, situación que la oposición considera un tema de derechos humanos que amerita seguimiento por la Asamblea Nacional.
La presencia de ADN en el CAL y en la Comisión de Seguridad plantea cuestionamientos sobre la imparcialidad en la fiscalización del paro nacional. Críticos lo califican como concentración de poder.
En contraste, los oficialistas sostienen que la Comisión de Seguridad es la más idónea para indagar los hechos. Argumentan que el paro tiene un impacto directo en el orden interno.
Por otro lado, obispos ecuatorianos rechazan la violencia en el paro nacional
La Conferencia Episcopal de Ecuador emitió el 1 de octubre un comunicado sobre las protestas convocadas por la Conaie contra el Gobierno Nacional, en el que instó al diálogo como vía principal para resolver los conflictos sociales.
En su pronunciamiento, los obispos aseguraron que el país atraviesa un momento delicado de tensión social y política. Señalaron que las causas de la crisis se originan en problemas estructurales no resueltos.
La Conferencia Episcopal reconoció el derecho a la protesta pacífica de quienes sienten que sus demandas no son atendidas. Sin embargo, advirtió que la violencia termina afectando a inocentes y debilitando el Estado de derecho. El texto fue enfático: “La violencia nunca será el camino para construir un mejor Ecuador”.
