Maikel Javier A.C., de 29 años, y Bryan Josué P.S., de 27 años, fueron detenidos en Jipijapa, Manabí, Ecuador, por extorsionar a comerciantes con demandas de USD 2.000, por lo que la Policía desarticuló una red criminal en el operativo Libertad 781.
Desde principios de septiembre de 2025, comerciantes de Jipijapa, en la provincia de Manabí, enfrentaban una ola de intimidación. Mensajes y llamadas extorsivas exigían sumas de hasta USD 2.000 a cambio de no atacar sus negocios o vidas. La Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de Manabí, alertada por múltiples denuncias, desplegó tareas de inteligencia para identificar a los responsables.
El martes 23 de septiembre de 2025, a las 14h30, un operativo conjunto entre Unase y el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) culminó en la captura de Maikel Javier A.C., de 29 años, y Bryan Josué P.S., de 27 años, ambos ecuatorianos. Los sospechosos, sorprendidos en Jipijapa, se vinculan a los hechos delictivos. Durante el registro, se incautaron dos teléfonos celulares, una motocicleta y USD 250 en efectivo, evidencias relacionadas con las extorsiones.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para la audiencia de flagrancia. Un oficial de Unase, que pidió anonimato, afirmó: “La cooperación de las víctimas permitió actuar rápido; estos operativos salvan negocios”. No se divulgaron antecedentes de los aprehendidos, respetando el debido proceso.
Operativo Libertad 781 dejó dos extorsionadores detenidos en Jipijapa
El operativo Libertad 781, coordinado por Unase, se enfocó en rastrear comunicaciones extorsivas. Los sospechosos usaban celulares desechables para enviar amenazas, exigiendo pagos en efectivo. Las intervenciones en Jipijapa incluyeron allanamientos en puntos estratégicos, donde los agentes sorprendieron a los implicados en plena actividad delictiva.
Los teléfonos incautados se analizan para extraer mensajes y contactos. La motocicleta, usada para movilizarse, está bajo peritaje. Los USD 250 sugieren un pago reciente. Un comerciante, protegido por anonimato, expresó: “Vivíamos con miedo; estas capturas nos dan alivio, pero queremos más seguridad”.
La Fiscalía tipifica el delito bajo el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la extorsión con tres a cinco años de prisión.
Extorsión en la provincia de Manabí
Manabí enfrenta un aumento de extorsiones ligadas al crimen organizado. En 2025, Ecuador registró 9.422 denuncias hasta julio, un 121% más que en 2023, según la Fiscalía. Jipijapa, con menor incidencia que Portoviejo (235 casos) o Manta (357), reportó 10 extorsiones en el semestre.
En junio de 2025, Unase desarticuló una banda en Portoviejo que exigía USD 5.000 a locales, con métodos similares. En 2024, Manabí sumó un 15% más de homicidios que en 2023, con 30% vinculados a extorsiones y microtráfico, según OECO.
El 94% de muertes violentas nacionales en 2025 se relaciona con crimen organizado, según el Ejecutivo. Bandas criminales usan extorsiones para financiar operaciones, afectando pequeños negocios en cantones como Jipijapa.
Investigación y medidas policiales
La Fiscalía analiza los celulares para identificar redes mayores. La motocicleta podría vincular a los sospechosos con otros delitos. No hay datos públicos sobre antecedentes, pero Unase explora conexiones con grupos locales.
Un comerciante local dijo: “Pagábamos por miedo; ahora esperamos que esto pare”. La comunidad exige más patrullajes en zonas comerciales.
Impacto en Jipijapa
Jipijapa, con economía basada en comercio y agricultura, sufre por extorsiones que asfixian negocios. En 2025, 20% de delitos en el cantón son extorsiones, según datos policiales. La captura de Maikel y Bryan alivia a los comerciantes, pero la amenaza persiste.
En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 25% por disputas criminales. La Policía, con 177.000 operativos en 2025, intensifica inteligencia.
Mientras la justicia define el destino de los detenidos, Jipijapa busca recuperar la tranquilidad, apoyada en operativos que combaten el crimen organizado. (22)
