Dos militares en servicio activo fueron detenidos el domingo 7 de septiembre en San Jacinto, cantón Sucre, provincia de Manabí, Ecuador, tras presuntamente realizar un allanamiento ilegal en una vivienda, denunciado por el propietario para esclarecer un abuso de autoridad.
El incidente ocurrió aproximadamente a las 04h00 en el sector El Faro, en San Jacinto, parroquia Charapotó. Un hombre, cuya identidad permanece protegida, alertó a la Policía Nacional sobre dos militares vestidos de civil que, portando pistolas, ingresaron a su vivienda sin autorización. Según el denunciante, los hombres parecían estar en estado etílico y no justificaron su acción ante los agentes que llegaron al lugar. La Policía actuó con rapidez, aprehendiendo a los sospechosos y confiscando sus armas para investigación.
En la audiencia de calificación de flagrancia, celebrada la tarde del domingo, la Fiscalía abrió una instrucción fiscal por abuso de facultades. Los militares, identificados como T.J.P.B., de 33 años y N.G.N.N., de 42 años, quedaron en libertad condicional con la obligación de presentarse los lunes, miércoles y viernes en la Fiscalía del cantón Sucre hasta que se resuelva su situación legal. Las armas decomisadas permanecen bajo custodia policial como evidencia.
Un portavoz de la Policía Nacional señaló: “La denuncia ciudadana permitió una intervención oportuna para evitar mayores consecuencias”. Las Fuerzas Armadas no emitieron un pronunciamiento oficial sobre el caso, lo que ha generado inquietud entre los residentes de San Jacinto.
Analizan conducta de militares detenidos
El balneario de San Jacinto, conocido por su ambiente turístico, ha enfrentado incidentes de inseguridad recientes. En marzo de 2025, un robo a mano armada en una vivienda cercana al sector El Faro dejó a la comunidad en alerta. Este nuevo caso intensifica las preocupaciones sobre la conducta de las fuerzas del orden en la zona.
La Fiscalía del cantón Sucre lidera la investigación para determinar las circunstancias del allanamiento. Las autoridades analizan si los militares actuaron bajo influencias personales o si el incidente está vinculado a otras irregularidades. El estado etílico señalado por el denunciante será un factor clave en el proceso, aunque no se han revelado detalles adicionales para proteger la privacidad del caso.
Un vecino, que pidió anonimato, expresó: “Es preocupante que quienes deben protegernos actúen así; necesitamos confianza en las autoridades”. La comunidad espera que la investigación sea transparente.
Llamado a la confianza ciudadana
La Policía Nacional destacó la importancia de la denuncia ciudadana, que permitió una respuesta inmediata. Las autoridades instaron a la población a reportar irregularidades al 1800 Delito para fortalecer la seguridad.
El caso pone en el foco la necesidad de controles más estrictos dentro de las Fuerzas Armadas. Mientras la instrucción fiscal avanza, la comunidad de San Jacinto espera que se esclarezcan los hechos y se restaure la confianza en las instituciones. Este incidente, aunque aislado, resalta los desafíos de garantizar un servicio público ético en una región marcada por la inseguridad. (22)
