Esta es una de las novedades del anteproyecto de Ley de Educación de Cataluña, acordado por el ejecutivo regional. El anteproyecto, presentado en una conferencia de prensa por la Consejería de Educación, establece que la gestión de los centros públicos continuará en manos públicas, aunque podrá ser ejercida por consorcios creados por el gobierno y los ayuntamientos, e incluso se prevé la existencia de centros propios con modelos de provisión de docentes extraordinarios. Con respecto a los inmigrantes y con el objetivo de combatir la concentración de alumnos extranjeros en la red pública y en determinados centros, la ley afirma que se establecerá la proporción máxima de estos menores que pueden ser escolarizados en cada centro y grupo, en función de unas áreas. El consejero catalán de Educación, Ernest Maragall, dijo que el tope será diferente en función de cada zona educativa, que deberán reflejar la realidad sociológica de su entorno, aunque afectará por igual a escuelas públicas y concertadas (privadas con subvención oficial). Además, el gobierno catalán prevé que los centros con menos inmigrantes puedan incrementar en un 10 por ciento el número máximo de alumnos en sus aulas para poder dar cabida a estos alumnos, un 80 por ciento de los cuales es escolarizado en la escuela pública y un veinte por ciento en la escuela privada.