El estudio, elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), fue divulgado en Brasil por el Instituto Socioambiental (ISA), una de las ONG que hacen parte de la red.

El análisis señala que las industrias minera y petrolera son las que más pesan en la ‘panamazonía’, es decir, en los territorios protegidos por leyes nacionales y que además de Brasil abarcan otros ocho países (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa). Juntos tienen proyectos que pueden afectar a 208 millones de hectáreas de esta región.

Aunque las amenazas incluyen las actividades de minería ilegal, presentes en toda la zona, el estudio destaca que los riesgos también provienen de planes extractivos que han sido avalados por los gobiernos, muchos de los cuales se han puesto en marcha sin la consulta a las poblaciones afectadas.

Lista. La lista la encabeza Brasil, con planes extractivos en desarrollo o por implementar, que superan los 117 millones de hectáreas, de los cuales la minería ocupa más de 108 millones de hectáreas. 

Le siguen Perú y Colombia, con planes de la industria extractiva que abarcan 21 y 20 millones de hectáreas, respectivamente. 

En el caso de Ecuador, en lo que va del siglo, la explotación petrolera ha traído consigo la deforestación de 2 millones de hectáreas, más de 650.000 barriles de crudo derramados en bosques, ríos y esteros, además de metales pesados que han contaminado las fuentes de agua de la región amazónica. Esto ha causado impactos en la salud en poblaciones estudiadas que se enferman al consumir el agua contaminada y que ya no pueden pescar en esos ríos.

Otro riesgo para la región proviene de proyectos energéticos. Según el informe, de las 272 grandes centrales hidroeléctricas de la Amazonía que se encuentran en planificación, construcción u operación, 78 están en los territorios indígenas y 84 están en conflicto con áreas naturales protegidas.