La solicitud de extradición fue planteada por el Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo de Richard Concepción, por los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión.

A su vez, la sala penal estuvo presidida por el juez supremo César San Martín e integrada por los magistrados Iván Sequeiros, José Neyra, Sabina Chávez y Luis Cevallos, quienes rechazaron en la resolución que los delitos atribuidos a Toledo hayan prescrito, como señaló su defensa.

El exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró a fiscales peruanos que Toledo pidió en el 2004 un soborno de 35 millones de dólares para adjudicarles la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur, una de las obras de infraestructura más grandes de su gestión.

Intermediarios. El exmandatario usó como intermediario a su entonces jefe de seguridad Avi Dan On y presionó para recibir el soborno, que se redujo a 20 millones de dólares, hasta el 2010, en que se hizo el último depósito en cuentas de su amigo Josef Maiman, según declaró Barata.

El exgobernante desde EE.UU. ha negado haber recibido dinero de Odebrecht y señaló que los depósitos en cuentas de Maiman corresponden a los negocios de éste, en los que él no tiene nada que ver.

No obstante, Toledo también era investigado en Perú por la compra de casas y oficinas en Lima por casi 5 millones de dólares con fondos de la empresa Ecoteva, creada por Maiman y su suegra Eva Fernenbug en Costa Rica.

Maiman ha confirmado a la Fiscalía peruana que prestó sus cuentas a Toledo y que los fondos, procedentes de cuentas de Odebrecht, eran derivados a Ecoteva. 

El exmandatario se enfrenta a penas de hasta 15 años de cárcel por los delitos de lavado de activos y colusión.