Carmen estaba en el octavo mes de embarazo y por ello planificaban volver a Ecuador para que diera a luz en Otavalo.

José le había dicho a su familia que ya no quería volver a Colombia. Le preocupaba la inseguridad. Solamente esperaba reunir un poco más de dinero y quedarse en Ecuador.

El 12 de junio, cuando se movilizaban en una motocicleta, fueron capturados por delincuentes en la selva. Según los reportes periodísticos, a José y Carmen los asesinaron a balazos y golpes; a la niña la ahorcaron unos días después.

Los cuerpos fueron hallados el 22 de junio, juntos, enterrados en una zona selvática.

Para la familia de las víctimas, tras la salida de la guerrilla la delincuencia común ha tomado su lugar en Colombia.

 

>FRECUENTE. Según un informe del Instituto de Medicina Legal de Colombia, en ese país se producen diariamente 32 homicidios, 6 suicidios, 8 muertes accidentales y 20 por accidentes de tránsito.

Si bien la cifra ha bajado desde la firma de la paz con la guerrilla, el problema sigue siendo preocupante.

El documento señala que “el proceso (de paz) ha dejado algunos vacíos que no permiten bajar la guardia para el logro de una paz estable y duradera”.

Agrega que hay dos amenazas derivadas del acuerdo de paz firmado entre la guerrilla y el Gobierno que necesitan una revisión urgente: “la primera, el velado, pero sistemático incremento de asesinatos de líderes sociales y activistas. La segunda, el control territorial por las zonas ocupadas históricamente por las FACR-EP”.

El informe advierte sobre la acción de las bandas emergentes como Clan Úsuga, del Golfo, Urabeños, Erpac, Los Paisas, Oficinas de Cobro, Águilas Negras o Rastrojos.

El documento también incluye un apartado, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que señala que la existencia de otras violencias diferentes a la de la guerrilla es un riesgo a largo plazo.

 

>REPORTE. El crimen organizado en Colombia se concentra cada vez más en lo local como consecuencia del desmantelamiento de las grandes estructuras delincuenciales, determinó otro informe de la FIP.

El texto del colectivo, denominado “Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición”, permite “entender que este fenómeno se concentra en lo local y esto es esencial para poder diseñar políticas públicas acertadas”, indicó la directora de la FIP, María Victoria Llorente.

El análisis de la FIP, creada en 1999 por un grupo de empresarios colombianos, señaló que paralelamente a la fragmentación del crimen organizado y el desmantelamiento de las grandes estructuras, “se ha abierto la puerta al desafío del afianzamiento de grupos de menor envergadura pero con fuerte arraigo local”.

Para el director del área de Dinámicas del Conflicto de la FIP, Eduardo Álvarez Vanegas, “este estudio invita a pensar en los rasgos, variaciones y trayectorias que siguen los grupos que se desactivan en términos de lo que ocurrirá con sus disidencias”, como es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno el año pasado.

Asimismo, se evidenció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que adelanta un acercamiento con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en una mesa de diálogo que se estableció en Ecuador, “en algunas regiones parece estar 

más cohesionado que en otras”.

 

>PREOCUPANTE. Entre los hallazgos del informe se evidencia que los grupos de delincuencia organizada que hoy operan en lo local “no son de poca monta, así su radio de acción sea limitado y su capacidad armada no se compare con el Clan del Golfo”, la mayor banda criminal del país, surgida en el 2006 tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“El mensaje es que estos grupos, por pequeños que sean, están afectando y teniendo impacto humanitario sobre las poblaciones que en teoría se deberían estar viendo beneficiadas por la firma de la paz”, aseveró Álvarez.

A modo de recomendación, la FIP manifestó que “el Estado debe entender que estas organizaciones funcionan como una red que no solo tienen un componente armado sino otros de tipo político y financiero con capacidad de corrupción y lavado de activos”.

De lo anterior se desprende el hecho de que “no sea efectivo centrarse en golpear cabecillas que son reemplazados con facilidad. La delincuencia organizada se ha adaptado a esta situación y ha delegado el control territorial a facciones subcontratadas o a 

segundones”, puntualizó la entidad.