En horas de la madrugada de hoy fue encarcelado nuevamente el exalcalde opositor venezolano Daniel Ceballos, quien fue privado de libertad en 2014 por las protestas antigubernamentales de entonces y se encontraba bajo arresto domiciliario desde agosto del año pasado por motivos de salud.
"A esta hora 3h15 am un grupo comando del Sebin acaba de llevarse a mi esposo de la residencia donde tiene casa por cárcel (...) Sebin mostró boleta de traslado para la Cárcel 26 de Julio en San Juan de los Morros firmada por la jueza Yosmar González", indicó en Twitter la esposa de Ceballos, Patricia Gutiérrez.
Gutiérrez, que es la actual alcaldesa de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira (oeste), explicó que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sacaron a su esposo de su residencia en Caracas con "la excusa de una visita médica".
Señaló también que el exalcalde fue trasladado en una ambulancia, y mostró en Twitter una fotografía de la orden de encarcelamiento que presentaron los funcionarios policiales donde se indica que el opositor sería recluido nuevamente en una cárcel del estado Guárico (centro).
El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez rechazó la medida y aseguró que el arresto domiciliario no podía ser revocado ni modificado en perjuicio de su cliente al no existir riesgo de fuga.
"El traslado de Daniel Ceballos a una cárcel constituye un eslabón más en la cadena de violaciones de derechos humanos contra prisioneros de consciencia", agregó el jurista en Twitter.
Esta detención ha sido criticada por la mayoría de los dirigentes opositores del país suramericano a través de las redes sociales donde se convirtió en el tema más comentado de la jornada.
"Ceballos no tiene miedo, miedo tiene quien lo ordena, revoquemos a los delincuentes que gobiernan", sostuvo en Twitter el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.
Ceballos fue detenido en marzo de 2014 y condenado a 12 meses de prisión por desacato a una medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Según el TSJ, el entonces alcalde no acató una sentencia que le obligaba a impedir la colocación de las barricadas que grupos que protestaban durante el primer semestre de ese año contra las políticas gubernamentales colocaron en el municipio.
Tras cumplir esa condena, el TSJ informó que el funcionario continuaría preso por otra causa judicial que se le sigue por asociación para delinquir, relacionada también con esas protestas y que causaron, según cifras oficiales, 43 muertos y centenares de heridos y detenidos entre oficialistas, opositores y personas sin adscripción política aparente. EFE
