Las garantías sobre la constitucionalidad del proceso constan en documentos remitidos ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la cual el Partido de los Trabajadores (PT) ha denunciado el proceso como un intento de “golpe de Estado”.
El Ejecutivo delegó la respuesta en las cámaras de Diputados y del Senado, responsables del proceso, que explicaron en sendos documentos a la Organización de los Estados Amercianos (OEA) cómo se ha desarrollado el juicio y garantizaron su más absoluto apego a la Constitución brasileña.
Destitución. Mañana el Senado brasileño abrirá el juicio político que decidirá el destino político de Dilma Rousseff y del ciclo de cuatro gobiernos consecutivos PT.
Las autoridades de Brasilia volvieron a instalar ayer una valla de más de un kilómetro frente al Senado, que separará a los manifestantes que puedan concentrarse durante la etapa final del juicio político.
La comparecencia de la mandataria será previa a la votación, que está prevista para el martes o miércoles de la semana próxima, en la que será destituida si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos, que representan dos tercios del total de 81 senadores.
Si el Senado se inclina por la destitución, el mandato que vence el 1 de enero de 2019 será completado por Michel Temer, quien como vicepresidente sustituye en forma interina a Rousseff desde que se instauró el proceso.
Si la mandataria fuera absuelta de los cargos sobre maniobras fiscales irregulares, recuperará el poder y relegará otra vez a la vicepresidencia a Temer, a quien acusa de “conspirador” y “golpista”.