Esta acusación supuso la apertura del juicio destituyente que está siendo tramitado por la Cámara alta, informaron ayer fuentes oficiales.

De acuerdo con el informe de 223 páginas y que fue realizado a petición de la defensa de Rousseff, la mandataria fue responsable de la emisión de una serie de decretos que alteraban los presupuestos sin la autorización del Congreso.

Sin embargo, según una nota divulgada por el Senado, los técnicos del Senado no encontraron pruebas de que Rousseff participara en los atrasos en el pago de créditos a la banca pública, considerados por la oposición como maniobras fiscales y que, de acuerdo con la acusación, supondrían un crimen de responsabilidad, lo que podría terminar con la destitución de la jefa de Estado.