La decisión del Poder Judicial insta a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional a “adoptar las medidas de seguridad permanentes” en las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) de toda Venezuela con el fin de “impedir los actos no autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas, convocados por las organizaciones políticas y civiles”.