Los diputados cuestionaron en un comunicado la legalidad de los procedimientos para la apertura de un juicio parlamentario que estableció el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien según la Constitución es la autoridad competente para admitir a trámite o rechazar los pedidos de esa naturaleza.

Según los diputados, Cunha abrió las puertas a que el pleno de la Cámara baja pueda presentar un recurso para analizar estas solicitudes contra Rousseff aunque él las haya rechazado.

Ese procedimiento sería "inconstitucional", afirmó al diario O Globo el diputado Paulo Teixeira, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), y uno de los impulsores de las quejas elevadas al Supremo.

En los últimos meses Cunha ha denegado una decena de solicitudes de apertura de un juicio político contra Rousseff y tiene pendiente de análisis al menos otras nueve.

Estas solicitudes se fundamentan principalmente en unas maniobras realizadas por el Gobierno para maquillar el déficit fiscal de 2014 que han sido reprobadas por un dictamen técnico del Tribunal de Cuentas, aunque aún pueden recibir el visto bueno del Parlamento.

Los opositores también le atribuyen a Rousseff responsabilidad en el agravamiento de la crisis económica y en el escándalo de corrupción que se ha destapado en la petrolera estatal Petrobras.

Las fuerzas oficialistas han calificado los intentos de destituir a Rousseff como "una versión moderna de golpe" de Estado y aseguran que no existen argumentos jurídicos para impulsar un procedimiento de este tipo.

La crisis económica y el escándalo en Petrobras, que ha salpicado a medio centenar de políticos, en su mayoría oficialistas, han derivado en crecientes tensiones en la relación de Rousseff con el Congreso.

Para intentar apaciguar a los partidos aliados y lograr un mayor apoyo a los proyectos impulsados por el Gobierno, Rousseff anunció la semana pasada una reforma ministerial en la que cedió más poder al Partido del Movimiento Democrático (PMDB), la fuerza con mayor peso en el Congreso y a la que pertenece Cunha. EFE