En ese sentido, la representación citó el caso del dirigente del movimiento Congreso de los Pueblos y defensor de derechos humanos, Carlos Alberto Pedraza Salcedo, quien fue encontrado muerto con "señales de violencia" por la Policía el pasado 21 de enero, en un sector despoblado, cerca de Bogotá.

El grupo insurgente condenó este "nuevo crimen", lo calificó como "sumamente grave y de enorme afectación" para la búsqueda de la paz y exigió respuestas "claras y soluciones a los crímenes" contra el movimiento popular colombiano.

Los negociadores de las FARC también denunciaron que varios líderes de organizaciones y movimientos políticos alternativos se encuentran en "el exilio, en prisión o desaparecidos y acribillados".

Como ejemplo se refirieron a la situación de más de 70 dirigentes del Movimiento Marcha Patriótica, "sin que el gobierno nacional dé respuestas para el esclarecimiento y castigo de los crímenes".

Asimismo, acusan al Gobierno de Juan Manuel Santos de negarse a tomar medidas "prontas y eficaces" para el desescalamiento del conflicto y de asediar la tregua unilateral y por tiempo indefinido declarada por esa guerrilla el pasado 20 de diciembre. EFE