En declaraciones a la Agencia Efe, el consejero jurídico de Amnistía Internacional (AI) Hugo Relva destacó lo "llamativo" de que la acusación que pesa sobre Garzón sea por haber investigado violaciones de derecho humanos cometidas en el pasado en España.
"Este proceso es un gran despropósito porque no puede ser nunca una acción criminal contra un juez", declaró Relva.
Reed Brody, representante de Human Right Watch, valoró por su parte la intervención del fiscal Luis Navajas, que al igual que la defensa de Garzón, pidió el sobreseimiento de la causa.
La asociación La Comuna, que el pasado 21 de enero anunció que se suma a la querella interpuesta en Argentina contra los crímenes del franquismo, rechazó hoy el juicio a Garzón.
En un comunicado, afirmaron que el juicio "es la mejor prueba de que el franquismo en democracia aún dicta sus normas".
Representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y de la Comisión Internacional de Juristas participan como observadores en el juicio porque creen que la decisión del Tribunal Supremo español incidirá sobre otros procesos relacionados con la persecución de delitos de jurisdicción universal.
El Tribunal Supremo español comenzó a juzgar a Baltasar Garzón por declararse competente en 2008 para investigar las desapariciones ocurridas durante la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco.
Garzón, el juez español más conocido internacionalmente tras ordenar en 1998 la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, se enfrenta a una petición de 20 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.
Ésta es la segunda vez que el magistrado se sienta en el banquillo de los acusados, en un proceso muy seguido por los medios de comunicación nacionales e internacionales, tras ser juzgado la semana pasada en la misma corte por ordenar escuchas en un caso de corrupción.
La Fiscalía y la defensa de Garzón pidieron el sobreseimiento de la causa.