Esto sucedería si la Cámara de Senadores aprueba el proyecto impulsado por el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, que procura otorgar plenos derechos a las parejas homosexuales, pero que cuenta con férrea oposición de la Iglesia Católica y otros sectores conservadores. 
Sin embargo, la suerte de la llamada Ley de Matrimonio Gay no está sellada. El oficialismo contaría apenas con el número justo de senadores para dar sanción definitiva al texto que el último 5 de mayo recibió el visto bueno de más de la mitad de los diputados.
El proyecto aprobado por los diputados modifica el Código Civil argentino para equiparar los derechos de las parejas homosexuales y heterosexuales. Y deja abierta la posibilidad de la adopción y también de la fertilización in vitro mediante la donación de esperma y óvulos.
Pero la evolución del proyecto sufrió un traspié. El 6 de julio, la Comisión de Legislación General en el Senado rechazó el texto e impuso un dictamen de mayoría en el que ponderó otra figura, la Unión Civil. Este dictamen interpretó que el proyecto aprobado por los diputados “no implica admisibilidad legal de la adopción, ni admitir los procesos de fecundación in Vitro respecto de parejas de personas del mismo sexo”. La Comisión está presidida por la senadora Liliana Negre de Alonso, militante católica de estrechos vínculos con el Opus Dei. El Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (Inadi) dijo que este dictamen configura un “apartheid”. El oficialismo logró impugnarlo a última hora de ayer y no será debatido.
De este modo, hoy se votará el dictamen sancionado por la Cámara de Diputados, que promueve la igualdad jurídica completa. Si sale adelante, se convertiría en ley, pero si es rechazado no podrá ser debatido durante el presente año parlamentario.

El oficialismo necesita la mitad más uno de los senadores para inclinar la balanza a su favor. Los senadores argentinos, representantes de las provincias, son 72, pero en la sesión de hoy al menos cuatro estarían ausentes. El Gobierno necesitaría el voto afirmativo de 35 senadores. No será fácil.
La Iglesia Católica y los partidos conservadores han   ejercido fuertes presiones y movilizado a su grey para evitar que se reforme el Código Civil, al igual que lo hicieron en 1987 cuando se sancionó la Ley de Divorcio. Miles de opositores a la Ley de Matrimonio Gay se manifestaron anoche frente al Congreso, movilizados por organizaciones, universidades y religiosos católicos, musulmanes y judíos.
La jerarquía eclesiástica ha dado su veredicto. “Es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo, sino de una ‘movida’ del Padre de la Mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”, arriesgó el cardenal Jorge Bergoglio, máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país.
La respuesta no se hizo esperar. “Es muy preocupante escuchar expresiones como Guerra de Dios, proyectos del demonio, que realmente te remiten a tiempos de la Inquisición, a tiempos medievales, y sobre todo si son provenientes de aquellos que deben instar a la paz, a la diversidad y al diálogo”, respondió Cristina Fernández desde China.
El debate ha enfrentado nuevamente al Gobierno con los máximos representantes del catolicismo, pero también ha ganado terreno en otras esferas de la sociedad y ha dividido las opiniones, incluso dentro de confesiones que se mostraban alineadas en otros temas.
Dentro de la Iglesia Católica, el sacerdote Nicolás Alessio, adepto a la doctrina tercermundista, integra un grupo de religiosos que no está de acuerdo con Bergoglio. Tampoco  lo está la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, aunque solo represente la minoría en la voz protestante. En el judaísmo, también la mayoría rechaza el proyecto de Matrimonio Gay, pero un sector progresista está de acuerdo con la iniciativa oficial.
“Creo en el principio de la no discriminación y en la igualdad de derechos”, dijo el rabino Daniel Goldman.
Todos los actores sociales se apuran hoy a proferir su opinión sobre el casamiento entre personas del mismo sexo. Pero uno de ellos, la Corte Suprema, espera con paciencia que termine el debate parlamentario. Los que recorren los pasillos del Máximo Tribunal del país dicen que los magistrados tienen lista una sentencia que avala la igualdad de derechos, y que la darían a conocer rápidamente si se frustra el proyecto oficial.