La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía detuvieron a 16 militares y cinco civiles en una serie de allanamientos coordinados en varias provincias del país. Las detenciones se dieron en el marco de una investigación por filtración de información militar sensible. Las operaciones, ejecutadas este miércoles, responden a meses de labores de inteligencia militar que detectaron irregularidades relacionadas con actividades en la frontera.
John Reimberg, ministro del Interior, confirmó que los allanamientos se realizaron a nivel nacional, involucrando a militares de distintas provincias. “Hemos desmantelado una estructura vinculada al delito de hidrocarburos. También de filtración de datos desde un destacamento militar”, afirmó Reimberg. A los detenidos los pusieron a órdenes de la justicia ordinaria para determinar responsabilidades.
Militares formaban parte de un cuartel de Loja
El caso tuvo origen en la provincia de Loja, donde el Ejército ecuatoriano identificó la presunta venta y fuga de información desde una unidad militar. La Fuerza Terrestre presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Loja, aportando evidencias que sustentan las acusaciones. Según un comunicado oficial del Ejército, la institución mantiene una postura de “cero tolerancia” frente a actos que comprometan el honor militar.
Las investigaciones preliminares señalan que los militares y civiles detenidos estarían involucrados en una red que facilitaba la filtración de información estratégica. Aquello afectaba el normal desarrollo de operaciones en zonas fronterizas. No se han revelado detalles sobre las filtraciones, pero el caso ha generado preocupación por su impacto en la seguridad nacional.
Combate a la corrupción y el crimen organizado
El Ejército ecuatoriano reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos. “Continuaremos cooperando con absoluta apertura y firmeza. Garantizamos que las responsabilidades sean establecidas por las instancias competentes”, indica el comunicado. Además, la institución enfatizó que no tolerará conductas que vulneren sus principios éticos o pongan en riesgo la integridad del país.
Este operativo se suma a esfuerzos recientes del gobierno ecuatoriano para combatir la corrupción y el crimen organizado, especialmente en regiones fronterizas. Es en esas zonas donde se han intensificado actividades ilícitas como el contrabando de hidrocarburos. Las autoridades no han precisado si existen más personas involucradas, pero aseguran que las investigaciones continuarán para desarticular por completo cualquier red similar.
La Fiscalía General del Estado no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los cargos específicos que enfrentarán los detenidos. Se espera que en las próximas horas se realicen las audiencias correspondientes para definir su situación jurídica. Mientras tanto, el caso mantiene la atención de la opinión pública por sus implicaciones en la seguridad y la lucha contra la corrupción.
