Junior Javier Castro Bravo y Anthony Jordan Alcívar García fueron sentenciados a 40 años de prisión por el asesinato con agravantes de los guías penitenciarios Jonathan Gamboa y Gisella Caicedo, para garantizar justicia tras un crimen que conmocionó a Manabí.
La tarde del 7 de abril de 2025, un brutal doble homicidio estremeció a Portoviejo. Jonathan Gamboa y Gisella Caicedo, esposos y guías penitenciarios, fueron asesinados con saña en un ataque que desató indignación pública. Los responsables, Junior Javier Castro Bravo y Anthony Jordan Alcívar García, enfrentaron un juicio que culminó el con una condena de 40 años de prisión por asesinato con agravantes, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 140.
La Fiscalía presentó pruebas contundentes: testimonios de testigos, grabaciones de cámaras de seguridad y análisis forenses que confirmaron la premeditación del crimen. Los hechos ocurrieron cerca de la cárcel El Rodeo, donde las víctimas trabajaban, lo que sugiere un posible vínculo con su labor penitenciaria, aunque las autoridades evitan especular sobre las causas. Los condenados, ahora recluidos en el mismo centro, no emitieron declaraciones, y sus defensas no han confirmado si apelarán.
Enrique García es el fiscal que llevó la investigación y logró comprobar la participación de los acusados en el hecho. La comunidad penitenciaria, devastada, exige mayor protección para sus trabajadores tras este acto que marcó un precedente en Manabí.
Condenados por asesinato evidencia crisis de violencia
Manabí enfrenta una crisis de violencia vinculada a las cárceles. El 7 de abril de 2025, el asesinato de Gamboa y Caicedo, una pareja dedicada a su labor, expuso la vulnerabilidad de los guías frente al crimen organizado. Justo horas antes, tres guías penitenciarios que laboraban en la cárcel El Rodeo fueron asesinados cuando iban en un carro.
Un colega de las víctimas, que prefirió no identificarse, expresó: “Trabajamos con miedo; este crimen nos golpeó a todos”. La comunidad de Portoviejo exige medidas urgentes para proteger a quienes sirven en el sistema carcelario.
Investigación y duelo colectivo
La investigación, liderada por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), recopiló evidencias clave cerca de la escena del crimen. Las cámaras captaron a los agresores, y los análisis forenses confirmaron el uso de armas de alto calibre. La Fiscalía mantuvo la confidencialidad de los detalles para proteger a los familiares y el proceso judicial.
Los seres queridos de Jonathan Gamboa y Gisella Caicedo enfrentan un dolor inmenso. Una vecina, anónima, comentó: “Eran personas buenas, dedicadas; no merecían esto”. La sentencia ofrece un alivio parcial, pero no borra la pérdida de una pareja que servía a su comunidad.
Clamor por seguridad
Un portavoz instó a denunciar al 1800-Delito cualquier actividad sospechosa. En 2024, operativos en Manabí desarticularon cinco redes ligadas a crímenes contra funcionarios penitenciarios, pero la violencia persiste.
El caso de Gamboa y Caicedo reaviva el debate sobre la seguridad en el sistema carcelario. Según un informe periodístico, el 70% de los ataques contra guías en Ecuador están vinculados al crimen organizado. La comunidad de Portoviejo exige protección para sus trabajadores y justicia para las víctimas, mientras la memoria de Jonathan y Gisella impulsa un grito contra la violencia que ensangrienta a Manabí. (22)