El Gobierno de Ecuador convocó este miércoles a la ciudadanía y a la sociedad civil a participar en la elaboración de la nueva ley de gestión integrada de los recursos hídricos, en cumplimiento de una reciente sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional la norma vigente.
Este proceso estará a cargo del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el fin de consensuar un proyecto de ley que deberá ser remitido a la Asamblea Nacional (Parlamento) para su correspondiente debate, consulta popular y aprobación en caso de obtener los votos necesarios.
El Ministerio de Ambiente señaló en un comunicado que el resultado que se espera es un texto que garantice “el acceso justo, equitativo, permanente, público, comunitario y universal al agua”.
En ese sentido, anticipó que se dará especial énfasis al siguiente orden en el uso y aprovechamiento del agua: consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria y caudales ecológicos; sin dejar de lado los demás enfoques y necesidades que surjan desde los diferentes sectores.
El pasado 12 de enero, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y su reglamento al considerar fundada una demanda de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país.
La demanda, presentada en 2015, reclamaba que ni la Asamblea ni el Gobierno habían cumplido debidamente con consultar el texto de la ley a las comunidades indígenas que se podían ver afectadas.
Sin embargo, la ley declarada inconstitucional, que está vigente desde el año 2014 continuará en vigor hasta que se apruebe la nueva, conforme lo determinó la sentencia de la Corte.
El fallo del tribunal da un año al Ejecutivo y al Legislativo de Ecuador para redactar un nuevo texto y someterlo a una efectiva consulta entre las comunidades indígenas antes de aprobarlo y promulgarlo.
El Ministerio de Ambiente aseguró que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso garantiza el respeto a lo establecido en el artículo 318 de la Constitución, en el que se prohíbe cualquier forma de privatización del agua. EFE
