El mundo debe mirar con atención las restricciones a las libertades que se practican desde los gobiernos.
Sin importar la ideología de los gobiernos ni la ubicación de los países, las restricciones atentan contra la democracia y, de hecho, contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En Ecuador, la llamada ley mordaza significó restricciones contra la libertad de expresión y persecución de periodistas y medios de comunicación que no eran afines al gobierno de turno.
En El Salvador, el Gobierno adopta medidas contra personas que critican al régimen, como ocurrió, por ejemplo, con la detención de un tuitero.
En Nicaragua, Brasil, Venezuela y otros países también se han registrado limitaciones y restricciones a las libertades de los ciudadanos, de la prensa y de las instituciones.
“Los funcionarios públicos deben actuar con tolerancia frente a las críticas del público y de la prensa”.
Cuando se busca silenciar a un individuo crítico, encarcelándolo, enjuiciándolo o denostando contra él, se envía a los ciudadanos una advertencia velada.
Se lesiona la democracia, que confiere el derecho a participar, dialogar, fiscalizar, reclamar atención, exigir resultados y expresar inconformidad, de ser el caso.
Los funcionarios públicos deben actuar con tolerancia frente a las críticas del público y de la prensa.
Al aceptar un cargo se exponen al escrutinio público y su deber es buscar el bienestar ciudadano.
Editorial de El Diario publicado este miércoles 21 de septiembre del 2022 en nuestra edición impresa.
