El Estado, en todos sus niveles de administración, debería revisar la gestión de las empresas públicas que, en lugar de generar recursos con la administración de bienes y servicios, ocasionan pérdidas.
Para sostenerlas se destinan fondos que bien deberían utilizarse en obra pública o en la mejora de servicios.
La mayoría son empresas monopólicas cuya pésima gestión de cobro y deficiente control de pérdidas obliga a los gobiernos locales y a las autoridades nacionales a cubrir sus necesidades con fondos públicos, lo cual confirma que el Estado es un pésimo administrador.
Ni siquiera la tipificación de delitos como el aprovechamiento ilícito de servicios públicos ha dado la fuerza para aplicar la ley contra quienes usan tales servicios sin pagar.
“Ni la condición de empresas monopólicas las vuelve eficientes”.
Las empresas públicas tienen que ser eficientes, tanto en la administración como en la provisión de servicios.
La ley otorga a los ciudadanos el derecho a recibir servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad, aunque en la práctica esto último no siempre puede cumplirse, pues existen áreas en las que las barreras jurídicas impiden la libre competencia.
Hay que buscar soluciones para enfrentar la gestión deficiente de las empresas públicas, pues al final, para mantenerlas, utilizan fondos de todos los ciudadanos.
Editorial de El Diario publicado este martes 25 de octubre del 2022 en nuestra edición impresa.
