El desastre de Yutzupino, al suroeste de Puerto Napo, provincia de Napo, en pleno Amazonas, puede parecer lejano para muchos, pero no lo es, y su gravedad debe llevarnos a reflexionar sobre el peligro de la minería ilegal.
Un área que era virgen y que según varios entendidos podría abarcar entre 40 y 70 hectáreas, ahora luce sin capa vegetal, con el cauce del río totalmente destruido, y lo peor, posiblemente con una fuerte penetración de mercurio contaminando la fuente de agua y los ecosistemas.
Según las versiones de moradores, más de 700 mineros ilegales, junto a más de 110 retroexcavadoras trabajando día y noche desde octubre del año pasado en búsqueda de oro, han destruido la zona.
“Hay que encontrar un equilibrio entre lo económico y ambiental”.
La remediación ambiental que se requiere es millonaria, aunque aún no está cerrada la cifra que se necesitará. La destrucción se hizo en poco menos de 4 meses, pero se asegura que la tarea de recuperación demorará más de dos años.
El Gobierno de Ecuador y la Asamblea Nacional deben reflexionar sobre la necesidad de modificar la Constitución y las leyes para regular la actividad y establecer las sanciones ejemplarizadoras que hay que aplicar a las mafias que fuera de toda regulación desarrollan la minería.
Más allá de que hay sectores que demandan que no exista minería, es preciso reconocer que el país requiere ingresos y lo que se necesita es que la actividad se desarrolle legalmente y bajo altos estándares, para minimizar el impacto ambiental.
Editorial de El Diario publicado este miércoles 23 de febrero del 2022 en nuestra edición impresa
