El Presidente de la República dispuso la liquidación de Seguros Sucre, la empresa aseguradora estatal.
La decisión no debe impedir la investigación y la sanción legal de las irregularidades detectadas en esa dependencia.
Es necesario, además, que se sigan acciones de repetición a los responsables de los perjuicios económicos.
Los informes de prensa han recogido por años los conflictos por competencia desleal, los problemas de coberturas y de millonarios pagos sin sustento legal o sin respaldo documental de Seguros Sucre.
“Se debe parar el perjuicio al estado y sancionar a los responsables”.
Además, hay informes de Contraloría que hablan de prácticas negligentes, inconvenientes en el cobro de cartera, pago de multas a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros debido a falta de nombramiento de auditores y retrasos en la entrega de información, así como de pagos indebidos y sin sustento legal de remuneraciones y beneficios adicionales a sus directivos y empleados.
Esos y otros hallazgos de la Contraloría General del Estado en sus auditorías a Seguros Sucre y los otros temas de dominio público, no pueden quedar en la impunidad tras la liquidación de la aseguradora estatal.
Los continuos perjuicios al Estado están afectando las arcas públicas y la impunidad contribuye a la pérdida de la fe colectiva, el desánimo masivo y la descomposición de la sociedad.
Editorial de El Diario publicado este lunes 28 de junio del 2021 en nuestra edición impresa.
