Los actos de agresión contra periodistas no pueden tolerarse, pues violan derechos elementales como la libertad de expresión y de información.
No pueden aceptarse actos como el que sufrió un equipo periodístico en las afueras del hospital del IESS en Manta, de parte de guardias y funcionarios de esa casa de salud, cuando tomaban versiones de los usuarios sobre la calidad del servicio que brinda el establecimiento.
Los funcionarios deben entender que es un derecho consagrado en la Constitución y en las leyes el de buscar, acceder y difundir información de interés público, y que ellos no tienen la potestad de censurar, agredir o negar a quien lo haga, sea periodista o no, ni dentro de las instalaciones ni, mucho menos, fuera de una entidad pública.
“¿Cuál sería el ánimo de impedir el trabajo periodístico, sino ocultar algo?”.
Cuando se agrede a un periodista, se atenta también contra el derecho de los ciudadanos a recibir información a través de un comunicador o medio de comunicación. Es más, estos hechos lo que hacen es aumentar las sospechas de irregularidades pues, si no fuera así, ¿cuál sería el ánimo de impedir el trabajo periodístico, sino ocultar algo?
Las autoridades del IESS deben dar una explicación, ordenar una investigación y, de haber responsables, imponer correctivos. Esto no puede volver a ocurrir.
Editorial de El Diario publicado este jueves 9 de junio del 2022 en nuestra edición impresa.
