El Estado tiene la obligación de proporcionar seguridad a la Policía y otros cuerpos de uniformados, tanto por las agresiones físicas que son una amenaza permanente sobre ellos, como por los subterfugios jurídicos que pueden comprometer su accionar.
Son rechazables acciones como los ataques a pedradas que sufrieron policías en Manta, Gualaquiza, Buena Fe, Ambato, entre otros casos de los últimos meses. También lo son los insultos y vejaciones que sufren bomberos, agentes de tránsito y policías municipales por parte de ciudadanos que no entienden que el accionar de estas personas es necesario para la seguridad de todos.
“La Fiscalía debe investigar estos hechos de oficio y los jueces, actuar para no dejarlos impunes”.
Lo menos que pueden hacer los mandos de los uniformados que fueron atacados es denunciar. Pero si esto no ocurre, la Fiscalía debe investigar estos hechos de oficio y los jueces aplicar la ley en forma ejemplarizadora para evitar la impunidad.
Desde luego, si hay abusos de la fuerza pública, los ciudadanos deberían denunciar a quienes los cometen para que tampoco estos hechos queden sin castigo. Pero eso es diferente a recurrir a la violencia como forma indebida de hacer justicia.
Editorial de El Diario publicado este miércoles 11 de agosto del 2021 en nuestra edición impresa.
