Ecuador debe revisar el marco legal de las contrataciones públicas y mejorar la aplicación de las leyes para castigar la entrega de obras fuera de plazo, el abandono, el daño o deterioro de las obras antes de que se cumpla su vida útil y una decena de problemas adicionales que son repetitivos y causan serios perjuicios al Estado y los ciudadanos.
También se tienen que fortalecer los mecanismos de transparencia y monitoreo ciudadano, facilitar el acceso a información y empujar las leyes a un sistema de gobierno abierto.
Paralelamente, se deben extender y ampliar las exigencias, controles y sanciones al sector privado y funcionarios estatales que participan de la corrupción.
“Se tienen que fortalecer los mecanismos de transparencia y monitoreo ciudadano”.
Las fases de licitación y construcción de obras públicas han sido históricamente un foco para los casos de corrupción, al punto que en algún momento la Corporación Andina de Fomento calculó pérdidas para los estados de entre 10 % y 30 % del valor de las inversiones.
Se estima que más del 50 por ciento de las grandes obras se terminan fuera del plazo inicial y con reajustes de precios, y pese a eso, hay pocas sanciones.
La corrupción disminuye la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos, pero, además, debilita la confianza en las instituciones del Estado.
Editorial de El Diario publicado este martes 12 de abril del 2022 en nuestra edición impresa.
