Nuestra provincia conoce el peso de los desastres. Los eventos de El Niño de 1982-83 y 1997-98 marcaron a nuestro territorio, su economía y su gente. Hoy, los organismos científicos internacionales encienden nuevamente las alarmas.
El Centro de Predicciones Climáticas (CPC) de la NOAA, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Boletín ERFEN Ecuador N.º 04-2026 coinciden: existe una probabilidad del 62 % de que El Niño se consolide entre junio y agosto de 2026, con posibilidad de alcanzar categoría moderada a fuerte hacia finales de año. Otros advierten que las anomalías de agua cálida subsuperficial son de las más significativas del registro histórico. Sin embargo, persiste incertidumbre técnica: en 2023 se anticipó un evento que no alcanzó la magnitud proyectada. La alerta debe ser científica, no mediática.
Para Manabí, la amenaza principal es hídrica. Los embalses Poza Honda, La Esperanza y Río Grande —con más de 50, 30 y 10 años de operación, respectivamente— son infraestructuras multipropósito esenciales, pero vulnerables a la sedimentación y a la sobrecarga de caudales. La Esperanza almacena 450 millones de m³ y su cota máxima, 66 m s. n. m., ya ha forzado evacuaciones masivas. Poza Honda, con 100 millones de m³, descarga directamente al río Portoviejo, lo que amenaza a Portoviejo, Santa Ana y Rocafuerte. Si los embalses operan al límite, el margen de control de crecidas desaparece.
Las acciones previas al evento son urgentes. Las instituciones responsables del manejo hídrico en la provincia deben fortalecer el monitoreo en tiempo real mediante sistemas SCADA, actualizar la información técnica de operatividad de la infraestructura y del sistema hídrico, e instalar alertas tempranas en los ríos de mayor caudal. Los GAD deben activar los COE, actualizar mapas de riesgo, identificar albergues y garantizar el preposicionamiento de raciones para al menos 72 horas en las zonas más vulnerables.
Resulta pertinente una referencia técnica invaluable: el 16A demostró que Manabí puede responder con eficacia ante un desastre. La activación de las MTT del COE Nacional permitió restablecer, en gran medida, los servicios básicos en 72 horas. Ese modelo de gestión interinstitucional, entre el Gobierno central y los GAD, es exactamente el que debe replicarse y adaptarse frente al riesgo hídrico. La diferencia entre una inundación y un sismo es que la primera puede anticiparse. Esa ventana de planificación no puede desaprovecharse.
Después del evento, la respuesta también se planifica antes. Deben existir protocolos de evaluación de daños, como la EVIN. La seguridad alimentaria en inundaciones depende de sistemas diseñados antes de la emergencia, no durante ella. Manabí no puede seguir reaccionando. La ciencia entrega la señal; la gestión institucional debe convertirse en acción territorial concreta, coordinada y con responsables definidos.
