El presunto intento de interferir en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio merece la máxima atención de la justicia. Si se confirma que existió una estrategia para desacreditar pruebas, difundir información falsa o influir en la percepción pública sobre el caso, el país enfrentaría no solo un magnicidio, sino también una operación destinada a dificultar su esclarecimiento.
La gravedad radica en que el crimen contra un candidato presidencial afecta directamente a la democracia. La sociedad tiene derecho a conocer quiénes ordenaron el asesinato y cuáles fueron sus motivaciones.
Según la información revelada por el expediente judicial, un expolicía habría mantenido contactos con figuras políticas procesadas en el caso y participado en la construcción de argumentos para cuestionar la investigación. Un expresidente ha reconocido que eso sucedió, pero le parece normal. Eso es grave.
Hay que alcanzar la verdad. Ecuador necesita una investigación independiente, sustentada en evidencias y protegida de cualquier presión externa. La justicia debe determinar responsabilidades con rigor y transparencia. Cuando un crimen amenaza a la democracia, impedir que la verdad salga a la luz también se convierte en una amenaza que la sociedad no puede tolerar.
