Cinco alcaldes privados de libertad por presuntos actos de corrupción no constituyen una simple coincidencia. Tampoco son únicamente cinco historias individuales. Son, en definitiva, el reflejo de una pandemia institucional que desde hace años debilita la confianza ciudadana, erosiona los cimientos de la democracia y desnuda las falencias del sistema político vigente.
Cada vez que un alcalde es detenido, se eleva la indignación ciudadana, se multiplican las declaraciones y las promesas de combatir la corrupción se magnifican. Sin embargo, una vez que la atención pública disminuye, el sistema continúa funcionando de la misma manera. El problema no desaparece; simplemente cambia de escenario.
Lo que sucede en Ecuador se debe a que, en demasiadas ocasiones, las candidaturas para los procesos electorales se construyen sobre la base de la capacidad económica que el candidato tenga o consiga para financiar campañas, dejando en un segundo plano, como algo sin importancia, la trayectoria ética, la preparación técnica e intelectual y la vocación de servicio.
La deshonestidad no se hereda ni es un problema familiar o moral; se facilita cuando las instituciones permiten que el poder se ejerza sin controles. Allí donde existen trampas en la contratación pública, fiscalización parcializada y escasa transparencia, nace el incentivo para desviar recursos de la sociedad hacia la corrupción.
Ningún gobierno puede atribuirse el monopolio de la lucha contra la corrupción, ni tampoco puede ser responsabilizado de un fenómeno que se ha repetido bajo administraciones distintas. Lo que sí corresponde al Estado es garantizar investigaciones independientes, fortalecer los órganos de control y propender a que la justicia actúe sin presiones ni selectividad.
Es seguro que existen otros alcaldes que han sido electos y reelectos, quienes han hecho de la política su forma de vida y un espacio para acumular riqueza obscena a costa del dinero que debía ser destinado a construir obras de desarrollo y que terminaron destinando a enriquecer a sus familias por generaciones.
Encarcelar funcionarios corruptos es indispensable, pero insuficiente. Si el sistema que permitió su ascenso permanece intacto, nuevos actores ocuparán los mismos espacios y repetirán los mismos patrones. La verdadera transformación comienza antes de las elecciones, cuando las organizaciones políticas asuman con seriedad la selección de sus candidatos y la sociedad exija transparencia, integridad y capacidad como requisitos para ejercer el poder.
Alcaldes y políticos prisioneros representan mucho más que un escándalo judicial. Constituyen una advertencia sobre la necesidad imperativa de reformar la política, fortalecer las instituciones y reconstruir la ética pública.
