El informe cita los artículos 18 de la Constitución y los artículos 10, 22, 25, inciso segundo, del 57 y el 71 de la Ley Orgánica de Comunicación.

Informe. El informe enviado al superintendente Carlos Ochoa manifiesta que “esta forma de presentar un hecho a través de caricaturas, afecta y deslegitima en efecto la acción de autoridad (su posible ilegitimidad tiene que ser impugnada por otras vías), apoya la agitación social que genera un enfoque erróneo de los hechos por la supuesta acción represiva que evidencian las imágenes”.

En cuanto al pie de la caricatura, enfatiza que es una afirmación, “lo cual es inaceptable... además porque el mensaje al lector tergiversa la actuación de las autoridades competentes”. 

Los analistas de la Supercom, Wilman Sánchez y Juan Pablo Rojas, cuestionan  al Diario El Universo por “recoger este producto comunicacional, lo acepta y lo publica, por lo que asume la responsabilidad que le corresponde de conformidad con la ley”. 

El reporte fue difundido por Ramiro García, abogado de Bonil, a través de su cuenta de Twitter. 

García acompañó la tarde de ayer a su defendido en la entrega de su respuesta a la Superintendencia, que le otorgó cinco días laborables para que explique su supuesto incumplimiento de la Ley de Comunicación al difundir la caricatura.

Reglamento. Por otra parte el presidente Rafael Correa,  mediante Decreto Ejecutivo No. 214, oficializó el Reglamento de la Ley de Comunicación,  que norma la aplicación de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación, vigente desde el 25 de junio del 2013. 

La norma exime de control los contenidos en redes sociales, blogs y páginas web personales. Estipula que las rectificaciones y el derecho a la réplica pueden realizarse personalmente, mediante una carta, grabación de audio y video. Incluye como medios en la web a los que operen sobre la plataforma de internet, con personería jurídica obtenida en Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los mismos derechos y obligaciones que la Ley de Comunicación establece para los medios de comunicación social definidos en el artículo 5 de dicha Ley.