Ahora el Ejecutivo tiene 30 días para sancionarlo o vetarlo total o parcialmente. Si no hay objeciones se promulgará la ley y se publicará en el Registro Oficial.
Mientras está pendiente la decisión presidencial, continúan las voces a favor y contra del proyecto aprobado por el oficialismo.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (Aedep), y el Grupo Andino de Libertades Informativas (GALI) enviaron una carta de puntos críticos sobre la ley a José de Jesús Orozco y Emilio Álvarez Icaza, presidente y secretario ejecutivo, respectivamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Códigos y normas deontológicas; la censura previa con la figura del linchamiento mediático; la Superintendencia de Información; el Consejo de Regulación; la facultad del Consejo de Regulación de expedir reglamentos que contengan sanciones y la imposición de contenidos, son los seis puntos sobre los cuales hacen conocer su preocupación a la CIDH.
Chile se convirtió en el tercer países en pronunciarse sobre la aprobación de la ley. La Asociación Nacional de la Prensa manifestó su preocupación por el proyecto.
“La aprobación de esta ley representa un grave daño al ejercicio de la libertad de expresión en
Ecuador y significa la ausencia de las mínimas garantías que deben existir en un estado de Derecho para su libre ejercicio por parte de los medios de comunicación”, señala la declaración.
Antes lo hicieron los periódicos de Colombia y Ecuador.
defensa. El legislador de Alianza PAIS (AP) y ponente del proyecto, Mauro Andino, aseguró que la ley fue concebida de forma técnica y sustentable; además se mostró confiado en que el Presidente no la vetará.
Aclaró que la obligación que se establece para los medios de cubrir noticias de interés público, responde al hecho de que “cierta prensa ha invisibilizado y no difunde aspectos de relevancia pública, una obra nacional o un accionar positivo para la comunidad”.
Según Ximena Ponce, quien forma parte del bloque legislativo AP, la norma no establece la censura previa.
“Se prohíbe la censura previa, que anteriormente estuvo en el debate, en el ambiente flotando, mientras se estaba trabajando la Ley de Comunicación”, manifestó y agregó que lo que se promueve es que prevalezca la consistencia.