La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) expresó su rechazo a la marcha impulsada por el presidente Daniel Noboa y su entorno. La protesta ocurrió en las afueras del edificio de la Corte Constitucional en Quito.
El motivo del rechazo de la organización indígena es la exhibición pública de los rostros de los jueces. A su juicio, esto constituye un “acto de amedrentamiento” que busca debilitar la independencia de funciones y consolidar un régimen autoritario.
El contexto del rechazo de la Conaie
En un comunicado oficial, la Conaie calificó el hecho como una forma de “presión política” contra la Corte Constitucional. La exhibición de los jueces “pone en riesgo su integridad y vulnera la separación de funciones”, indicó la organización. La Conaie afirmó que “esta ofensiva” busca condicionar los fallos sobre leyes y decretos. Según la confederación, estas normas “atentan contra los derechos de los pueblos, la naturaleza y la ciudadanía en general”.
La organización indígena responsabilizó al Gobierno y a los asambleístas de la actual crisis. Sus proyectos de ley, según el comunicado, son “abiertamente inconstitucionales”. Además, los legisladores “aprueban normas que desconocen principios básicos del derecho constitucional”.
Declaraciones de legislador oficialista
El pronunciamiento de la Conaie hizo referencia a las declaraciones de un legislador oficialista. Este calificó a la Corte como una “pata coja” del Estado. Para la Conaie, esta declaración “da a entender que es la única institución que no se ha sometido al control del Gobierno”. También sugiere que “aún falta cooptar” a la Corte, lo que explicaría “la ofensiva política en su contra”.
La organización también recordó que la inseguridad “no se combate con ilegalidades”. Por el contrario, la Corte “no es la causante de la inseguridad”. La institución “es garante de que las respuestas del Estado se ajusten a la Constitución”.
Llamado a defender la democracia
La Conaie emitió un llamado “a la unidad de los pueblos y sectores democráticos”. El objetivo es “defender la independencia de funciones, la democracia y frenar el avance del autoritarismo”. La organización reafirmó su compromiso “con la defensa de la Constitución, los derechos colectivos e individuales, y el respeto a la separación de funciones”.
Este pronunciamiento se suma a las voces que han criticado la marcha del Gobierno de Noboa contra la Corte Constitucional.
