En una sesión ordinaria realizada el 14 de agosto de 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió por tres meses y sin sueldo a la jueza de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, L.M.G.A.

La decisión se tomó luego de una investigación sobre la presunta coordinación de la magistrada con dos abogados para elaborar sentencias. El caso se originó a partir de una denuncia que alertaba sobre posibles actos de corrupción judicial.

Investigación por corrupción judicial

La investigación que llevó a la suspensión de la jueza se centra en la presunta colaboración de esta con dos abogados en libre ejercicio. Supuestamente, los juristas elaboraban proyectos de sentencia para la jueza y luego compartían estos documentos con las partes procesales. De esta manera, obtenían beneficios en los casos que manejaban.

Además, se conoció que los abogados contaban, presuntamente, con las claves de acceso al Sistema Judicial (e-SATJE). También se los investiga por poseer expedientes físicos fuera de las dependencias judiciales. Por esta razón, el 1 de agosto, el Consejo de la Judicatura, en conjunto con el Ministerio del Interior y la Fiscalía, allanó el domicilio y las oficinas de la jueza como parte de la investigación.

Estas acciones se enmarcan en un operativo a escala nacional, enfocado en combatir la presunta corrupción dentro del sistema de justicia. El allanamiento a las propiedades de la jueza es una de las primeras acciones concretas dentro de esta investigación. Las indagaciones continuarán para determinar el alcance de la red de corrupción denunciada.

Otras suspensiones en el sistema judicial

Durante la misma sesión del 14 de agosto de 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió a otros jueces por diferentes irregularidades. Una de ellas fue A.G.S.T., jueza de la Unidad Judicial especializada de Garantías Penitenciarias de Latacunga. La jueza fue suspendida por tres meses sin sueldo. Su caso se relaciona con la concesión de libertad a una persona que había cumplido solo una parte de su pena.

A.G.S.T. otorgó la libertad a un sentenciado el 7 de septiembre de 2024. Argumentó que la persona ya había cumplido su condena de seis años. Sin embargo, en el momento de la liberación, le faltaban aún ocho meses por cumplir.

Z.T.N.F., jueza de la Unidad Judicial Civil de Guaranda, también fue suspendida por 30 días sin sueldo. Su sanción se debe a una sentencia emitida el 1 de febrero de 2024. Presuntamente, no fundamentó o no motivó de manera adecuada la decisión. Este hecho provocó que los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar anularan el proceso.

Estas suspensiones demuestran el compromiso del Consejo de la Judicatura con la depuración del sistema judicial. Las autoridades aseguran que estas medidas buscan fortalecer la transparencia y la probidad en la administración de justicia.