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La Policía Federal de Brasil ha sido recibida este miércoles a tiros por el empresario Nilton Costa Lins Júnior durante un operativo que investiga el desvío de fondos públicos destinados a la lucha contra el coronavirus en el estado de Amazonas, uno de los más golpeados por la crisis sanitaria, y por el que ya se ha emitido una orden de búsqueda y captura y detención provisional contra el secretario de Salud, Marcellus Campelo.

Ninguno de los agentes que se ha personado en el domicilio de Lins Júnior ha resultado herido. El detenido es uno de los dueños del grupo empresarial que lleva el nombre familiar y que posee uno de los hospitales privados de Manaos, la capital del estado, que fue requisado por el gobernador, Wilson Lima, también en busca y captura, para tratar a pacientes con coronavirus previo pago de 2,6 millones de reales (unos 420.000 euros) en tres meses.

“Me gustaría comunicar que hemos tenido un incidente bastante serio. La Policía Federal ha sido recibida a tiros por el hijo de Nilton Lins, en una situación bastante embarazosa y peligrosa. Ha sido la primera vez en 30 años que veo responder a tiros una orden de búsqueda y captura emitida por un juez”, ha expresado la fiscal general Lindora María Araújo.

En la conocida como ‘Operación Sangría’, la Fiscalía también ha emitido una orden de búsqueda y captura contra el gobernador Lima y el secretario de Salud, aunque este último deberá ingresar a prisión también de manera provisional. Por el momento no ha sido localizado y la fiscal Araújo lo considera “fugado”.

Marcellus es el segundo secretario de Salud de Amazonas que entraría en la cárcel, después de que su antecesora en el cargo, Simone Papaiz, fuera detenida en junio del año pasado en una de las primeras fases de esta operación. La Fiscalía ha emitido otras cinco órdenes de prisión provisional contra sendos representantes de las empresas sospechosas envueltas en este caso, detalla el diario ‘O Globo’.

En este momento de la operación, la Fiscalía brasileña investiga la contratación por cerca de 420.000 euros de algunas de las instalaciones y terrenos del Hospital Nilton Lins para recibir pacientes con coronavirus durante tres meses. La Fiscalía considera que el contrato se realizó sin pasar por los cauces legales y sospecha de sobrecostes en la compra de equipos y material.

“Hay indicios de que altos funcionarios del Departamento de Salud y del estado de Amazonas realizaron contrataciones fraudulentas para favorecer a un grupo de empresarios locales”, explica la Fiscalía, que cuestiona que el Gobierno estatal destinará ese dinero a la construcción de un hospital de campaña en las instalaciones del centro privado cuando ya existía en la ciudad otro hospital con capacidad para 300 camas y listo para recibir pacientes.