Hace poco más de un mes que Carolina apenas trabaja y se limita a atender solo a sus clientes de confianza, ante el temor de caer en una emboscada de la mafia proxeneta que la amenazó con represalias si no pagaba un cupo para seguir ejerciendo la prostitución en las calles de Lima, la capital de Perú.
“No queremos hablarles de otra manera y luego se vallan (sic) a sentir incómodas. Tienes que pagar una plaza de 200 (soles)”.
Este fue el mensaje de WhatsApp que recibió Carolina (nombre ficticio), una joven venezolana, de 36 años, llegada a Perú hace tres, la mitad de ellos dedicados al trabajo sexual en el populoso distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
Dice que su vida corre peligro. Y no le falta razón, pues esa amenaza fue el preludio de la muerte de dos mujeres ecuatorianas asesinadas a balazos a mediados de febrero, en el centro de Lima.
Pocos días después, ese doble crimen se replicó en el distrito de El Agustino, donde una semana atrás también murió baleada en la cabeza otra joven colombiana que se había negado a pagar un cupo.
Estos infortunios recrudecieron el debate y arrojaron luz sobre el agónico drama que viven las trabajadoras sexuales en Perú, donde un amargo cóctel de discriminación, chantajes y violencia las mantiene en constante zozobra.
Eso lo sabe bien Leida Portal, una activista de 55 años que acumula más de tres décadas y media ejerciendo esa profesión que la lastró a sufrir abusos, torturas y extorsiones.
Leida, una suerte de matriarca para las más de 150 mujeres que integran su asociación, Rosa Mujeres de Lucha Perú, ingresó al trabajo sexual luego de quedarse viuda. No había cumplido 20 años cuando a su hija le diagnosticaron una enfermedad cardíaca severa.
“Los médicos me dijeron que mi hija se iba a morir (…) y que necesitaba una válvula y yo, si no tenía para comer, mucho menos tenía para comprar una válvula. Fui a diferentes ferreterías y nadie me la vendía. Regresé al doctor y me dijo (…) ‘hija, es un hospital donde tienes que ir a buscarla'”, relató a Efe.
Luego, mientras trabajaba vendiendo ceviche en un mercado de la norteña ciudad de Chiclayo, una de sus clientas le ofreció ayuda económica para viajar hasta Lima y poder operar a su hija.
Aceptó. Pero nunca imaginó que, al regreso, tendría que pagar con su cuerpo las deudas del viaje.
“Así es que yo empiezo en el trabajo sexual, por una necesidad de salud”, dijo la mujer, cuya trayectoria la llevó a recorrer clubes y calles de costa y selva, así como llegar hasta México y Argentina.
Fue en Lima, sin embargo, donde vivió las peores atrocidades. Allí, pronto topó con las mafias organizadas que reclaman cupos de entre 200 y 1.500 soles semanales (entre 54 y 405 dólares) para dejarlas trabajar, dependiendo de su edad y localización.
Quienes también exigen pagos constantemente, denunció Leida, son los propios miembros de la policía.
“La policía venía y nos subía a las más bonitas y nos llevaba a Chorrillos, en una casa, y nos metía allí con más policías y nosotras teníamos que atenderlos toda la madrugada. El sexo gratis. Todo era para ellos diversión y allí nos amanecían y nos dejaban botadas en la playa (…). Nos decían que si no queríamos ese trato teníamos que pagar”, apostilló.
El infierno llegó una noche de 2011 cuando tres suboficiales la secuestraron y torturaron por haberse negado a pagar “ni un sol más”.
“Fue totalmente terrible. Me golpearon, me filmaron desnuda, me secuestraron. Dije ‘ya perdí’. (…) Yo sabía que nos mataban y pensé que ya me había llegado el momento”, dijo sobre este episodio, que hoy sigue en manos de la Justicia.
Para Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres prostituidas, y en especial las migrantes, “las hace presas” de estas bandas organizadas.
La obstetra aseguró a Efe que la persecución de los delitos vinculados a la prostitución se ha visto entorpecida por políticas públicas centradas casi exclusivamente en evitar que el trabajo sexual sea un escándalo público y atajar la transmisión de enfermedades.
“¿Qué hay de las condiciones de las mujeres? Esto no está presente”, se lamentó, tras criticar la “falta de coherencia” del Estado peruano por permitir el trabajo sexual y reducir los derechos laborales de las mujeres que lo ejercen.
Chávez insistió en la necesidad de “perseguir definitivamente a los proxenetas y desmantelar las bandas de trata”, además de acabar con el estigma que impide entender que puede haber mujeres que encontraron en la prostitución un modo de vida.
Consultada por Efe sobre las acciones destinadas a revertir esta situación, la Municipalidad de Lima declinó declarar “para evitar entorpecer las diligencias” de los recientes asesinatos.
