El exministro de Gobierno Henry Cucalón criticó en una entrevista a Manavisión Plus la propuesta del presidente Daniel Noboa de habilitar, vía referéndum, el juicio político a jueces de la Corte Constitucional (CC). Lo calificó como un intento de control político que afecta la democracia, la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.

Críticas a la consulta popular

Cucalón sostuvo que la enmienda planteada “es una clara medida de retaliación a todas luces”. Denunció que el Gobierno inició esta campaña con discursos en redes y apoyos de influencers. “Comenzaron calentando los motores a través de los influencers, que parecen ser los ideólogos de este gobierno”, dijo.

El exfuncionario señaló que se pretende “meter miedo” con el argumento de que los jueces carecen de control, lo que consideró falso. “La Corte Constitucional tiene controles administrativos, civiles y penales. No son inmunes. No son impunes”, afirmó.

De acuerdo con Cucalón, el objetivo del Ejecutivo es someter a la Corte al mismo dominio que ya ejerce sobre otros órganos: “Ya han cooptado el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación. El único que no han cooptado, y está bien que no sea así, es la Corte Constitucional”.

El conflicto entre el gobierno y la corte

El enfrentamiento entre el Gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional se agudizó desde la suspensión de varios artículos de leyes de seguridad aprobadas en junio de 2025. La Corte admitió demandas de inconstitucionalidad y consideró que las normas podían generar violaciones a derechos fundamentales como la privacidad, la independencia judicial y el debido proceso.

El Gobierno, en cambio, defendió esas reformas como claves para la lucha contra el crimen organizado. Por ello, acusó a la Corte de estar “del lado de los enemigos del pueblo” y de frenar medidas urgentes, como el uso de fuerza en zonas de conflicto o la vigilancia sin orden judicial.

El 12 de agosto, Noboa encabezó una marcha hacia la sede de la Corte, donde se exhibieron pancartas con rostros de jueces y se retiraron vallas de seguridad. Estas acciones fueron criticadas internacionalmente como intentos de intimidación.

Señalamientos sobre las leyes cuestionadas

Cucalón también cuestionó la manera en que el Legislativo y el Ejecutivo tramitaron esas leyes. Recordó que fueron aprobadas con artículos “metidos por la ventana” y sin respetar la unidad de materia.

“(Esas leyes) Siendo económicas urgentes y teniendo unidad de materia, se convirtieron en un chaulafán; en una  fanesca“, dijo.

“En la ley de integridad pública, esa es la peor. Nació como una ley de contratación pública y metieron más de una docena de leyes por la rendija”, indicó.

Recalcó que abogados y académicos advirtieron sobre esos errores, pero el Gobierno no los corrigió. “El presidente la pudo haber vetado, objetado y mejorado el trámite legislativo. Todo lo sancionó”, sostuvo.

En su visión, el conflicto busca trasladar la culpa de esas irregularidades a la Corte Constitucional: “Ahora resulta ser que los responsables no son los que tramitaron mal las leyes, sino los jueces que tienen que atender las 40 demandas de inconstitucionalidad”.