El 8 de septiembre de 2025, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) comunicó a Carlos Renato Ortuño que su solicitud de eutanasia fue aceptada. Ortuño, abogado de Quito, sufrió un intento de sicariato el 23 de junio de 2023, quedando con 98 % de discapacidad, y solicitó el procedimiento para mitigar su dolor y limitaciones.
Del atentado a la discapacidad
El 23 de junio de 2023, Ortuño salió de su vivienda en Valle de Los Chillos rumbo a su oficina en La Mariscal, Quito, como cada día. Durante su trayecto, un vehículo gris lo siguió a distancia constante, generando preocupación. Al llegar al ingreso del Edificio de la Bolsa de Valores de Quito, el automóvil se detuvo y dos personas armadas dispararon contra él.
Los impactos afectaron su cabeza, cuello y vértebras, provocando cuadriplejía y una discapacidad física del 98 %. En los años siguientes, Ortuño buscó tratamientos médicos en México, Colombia y Ecuador, sin éxito. El dolor persistió, aumentando su sufrimiento diario.
El proceso de solicitud
A inicios de julio de 2025, Ortuño presentó oficialmente su solicitud de eutanasia. Entre el 14 de agosto y el 2 de septiembre, el Comité Interdisciplinario para la Aplicación de la Eutanasia del IESS se reunió tres veces para evaluar su caso. Finalmente, el 8 de septiembre, la institución resolvió: “Acoger de manera favorable la solicitud de aplicación al procedimiento de eutanasia activa voluntaria”.
Contexto legal en Ecuador
La eutanasia fue despenalizada el 7 de febrero de 2024, tras la histórica sentencia de la Corte Constitucional (CC), impulsada por Paola Roldán, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Roldán falleció el 11 de marzo de 2024, sin que se aplicara el procedimiento, pero su lucha abrió paso a futuras solicitudes.
El primer caso oficial de eutanasia en Ecuador se registró el 8 de mayo de 2025, cuando una mujer con cáncer en estado avanzado recibió el procedimiento en Guayaquil, marcando un precedente legal que ahora se replica con Ortuño en Quito.
Implicaciones y seguimiento
El caso de Renato Ortuño representa el segundo procedimiento legal de eutanasia en Ecuador, consolidando un marco legal que permite a pacientes con dolor y discapacidad extremos optar por esta alternativa. Expertos señalan que la resolución del IESS refuerza la necesidad de protocolos claros y seguimiento interdisciplinario para garantizar la seguridad y derechos de los solicitantes.
El abogado continuará bajo supervisión médica mientras se coordina la aplicación del procedimiento, cumpliendo estrictamente los lineamientos establecidos por la legislación ecuatoriana y el IESS.
