El Ministerio del Interior informó que pedirá a la Contraloría General del Estado la realización de un examen especial a los gobiernos locales. Esto será sobre los que existan indicios de haber financiado o apoyado con logística al paro nacional. La medida busca determinar si hubo uso indebido de recursos públicos para facilitar la paralización de actividades. También para los bloqueos de vías que se han reportado en distintas provincias, donde el impacto del paro es notable.
Según el comunicado oficial, se analizarán contratos, transferencias de fondos, suministros, y cualquier indicio de apoyo directo o indirecto a las movilizaciones. Estas afectan la circulación de personas y alimentos. Esta investigación se suma a los operativos que la Policía Nacional viene realizando para garantizar la seguridad y el orden público.
Operativos y detenciones en flagrancia
Como parte de los controles, la Policía Nacional informó que varios ciudadanos y funcionarios fueron detenidos en flagrancia por su participación en el paro nacional. Entre las acciones imputadas se encuentra el bloqueo de vías con material pétreo. Esto impidió la circulación normal de vehículos y el paso de alimentos hacia algunas localidades, reflejando el impacto que el paro tiene.
El Ministerio detalló que estas detenciones buscan no solo sancionar a quienes participan directamente en la violencia. Sino también identificar a actores que financian, planifican o coordinan las protestas desde posiciones de poder político o social. Las evidencias recabadas serán remitidas a las autoridades competentes para el inicio del debido proceso.
Contexto del paro indígena
El paro nacional cumple trece días y se originaron en protesta por la eliminación del subsidio al diésel. Esta fue implementada mediante el Decreto Ejecutivo 126, del 12 de septiembre, que elevó el precio del combustible a USD 2,80 por galón. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro nacional que ha concentrado focos de protestas en provincias como Imbabura, Pastaza, Sucumbíos, Loja, Bolívar y en los límites de Pichincha, demostrando que el paro se ha extendido a diversas regiones.
Las manifestaciones han incluido cierres de carreteras, bloqueos de rutas estratégicas y enfrentamientos con la fuerza pública. Esto ha generado tensión en las comunidades y afectado la distribución de alimentos y servicios esenciales en varias zonas.
Reacciones de comunidades y autoridades locales
Organizaciones indígenas, como el Consejo del Gobierno Comunitario Provincial del pueblo Waranka de Guaranda, han rechazado la represión. También denunciaron detenciones arbitrarias de ciudadanos durante las movilizaciones, tratando de destacar las injusticias vinculadas al paro. Según estas comunidades, algunos de los aprehendidos estaban auxiliando a personas heridas y no participaban activamente en los bloqueos.
Por su parte, autoridades del Ministerio del Interior enfatizan que no habrá tolerancia para actos violentos. Tampoco para el uso de recursos públicos para financiar las protestas. Además, las investigaciones se enfocarán tanto en los participantes directos como en los actores que operan detrás de escena.
Advertencias del Ministerio del Interior
El ministro John Reimberg advirtió que se tomarán acciones legales contra quienes generen violencia. Esto incluye actores políticos o sociales que financien o coordinen las paralizaciones. “Se detendrá a quienes estén generando violencia y a aquellos actores intelectuales que estén detrás de la logística del caos”, señaló en declaraciones a medios de comunicación. Reiteró que la Contraloría tendrá un papel clave para evaluar responsabilidades administrativas y financieras de gobiernos locales involucrados, especialmente en contextos relacionados con el paro nacional.
Seguimiento y próximos pasos
La Policía y la Fiscalía continúan con las diligencias en las provincias afectadas, recopilando pruebas y testimonios para garantizar la transparencia en los procesos judiciales. La información será remitida a la Contraloría para que determine posibles responsabilidades administrativas. Además, se asegurará que los fondos públicos no hayan sido utilizados para apoyar las manifestaciones, en línea con las acciones vinculadas al paro en curso.
Mientras tanto, el seguimiento a los detenidos continúa en desarrollo. La investigación de los vínculos entre autoridades locales y la logística de las protestas se lleva a cabo. Todo ocurre en un contexto marcado por la tensión social y política que genera el paro nacional.
