El juez Jairo García, de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, entró a deliberar este viernes 3 de junio del 2026 sobre el pedido de la Fiscalía General del Estado de prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, Fernando Peñaherrera Venegas, César Bravo Ibáñez y otros procesados por presunto lavado de activos en el caso Goleada.
La audiencia de revisión de medidas cautelares se instaló de manera virtual pasadas las 08h00 y se suspendió cerca de las 16h45. El magistrado convocó a las 18h00 del lunes 6 de julio para anunciar su decisión.
Solicitudes de revisión y posición de las partes
La diligencia fue solicitada por Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, la empresa Inmobiliaria Fiorema S.A. (cuya accionista única es Gioconda Henriques, madre del alcalde) y Gastón Aparicio Loy. El asambleísta Raúl Chávez también pidió revisión de la medida cautelar sobre su vehículo Toyota 4Runner.
El fiscal Dennis Villavicencio y la procuradora de la UAFE, Anahí Carrillo, solicitaron prisión preventiva para los cinco principales procesados. Las defensas, encabezadas por Ramiro García (abogado de Aquiles Alvarez), Gabriela Moreira y otros, pidieron el rechazo del pedido.
Argumentos de la Fiscalía sobre aumento de capital
La Fiscalía presentó nuevos elementos relacionados con aumentos de capital en empresas vinculadas a la familia Alvarez. Entre ellos destacan incrementos en Ternape ($450.000 y $350.000), Corpalubri ($499.200 y $1 millón), Copedesa ($600.000 y $390.000) e Inmobiliaria Alvarez H. S.A. ($335.200).
El fiscal Villavicencio invocó el testimonio anticipado del testigo protegido José Cevallos Avellán y alertó sobre riesgo de fuga.
"Este poder económico genera la capacidad y la facilidad de que los mismos puedan salir del país", señaló. La UAFE respaldó el pedido, considerando la prisión preventiva indispensable para preservar el proceso.
Defensas rechazan nuevos elementos
Las defensas coincidieron en que no existen hechos nuevos que justifiquen el cambio de medidas. Ramiro García argumentó que las escrituras y documentos presentados por la Fiscalía corresponden a hechos ya conocidos en la etapa de instrucción y que no hay riesgo procesal, pues Aquiles Alvarez se encuentra privado de libertad en la Cárcel del Encuentro.
Gabriela Moreira y Julio César Cueva, defensores de Antonio y Xavier Álvarez, cuestionaron que los argumentos fiscales no constituyen nuevo contenido fáctico. Joseph Sánchez, abogado de Peñaherrera, rechazó igualmente la solicitud.
Contexto del caso Goleada
El caso Goleada investiga a 26 personas, entre naturales y jurídicas, por presunto lavado de activos vinculado a operaciones derivadas de la comercialización irregular de combustibles. La Fiscalía sostiene que existiría un perjuicio económico cercano a los $100 millones.
La instrucción fiscal concluyó el 29 de junio de 2026. El juez García ya ordenó la incautación de 18 propiedades y siete vehículos. La etapa siguiente es la audiencia preparatoria de juicio, cuya fecha debe fijarse en los próximos días.
