El juez Jairo García, de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, difirió la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos y otros procesados en el caso Goleada por presunto lavado de activos. La diligencia estaba programada para las 14:30 de este lunes 29 de junio de 2026.
El magistrado aceptó el pedido de diferimiento presentado por las defensas de los procesados. García informó que, de manera diligente, se fijará una nueva fecha y hora para la audiencia de revisión, sustitución, revocatoria o suspensión de las medidas cautelares. La decisión se basa en el principio de igualdad, luego de haber aceptado con anterioridad un diferimiento solicitado por la Fiscalía.
En el caso Goleada, la Fiscalía General del Estado investiga a 26 personas, entre naturales y jurídicas. Se acusa a Aquiles Alvarez y su familia de integrar una presunta estructura empresarial vinculada a operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles, que habrían servido para lavar dinero.
Solicitudes de revisión
La audiencia fue solicitada inicialmente por el alcalde Aquiles Alvarez; sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez; su primo Andrés Viteri (por un departamento incautado); la empresa Inmobiliaria Fiorema S.A., cuya accionista única es Gioconda Henriques, madre del alcalde, con José Ruiz Castillo como presidente; y el procesado Gastón Aparicio Loy.
A estas peticiones se sumó el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Raúl Chávez, quien pidió la revisión de la medida cautelar sobre su vehículo Toyota 4Runner. El fiscal Dennis Villavicencio también solicitó fecha para revisar las medidas de Aquiles Alvarez, Antonio y Xavier Alvarez, Fernando Peñaherrera Venegas y César Bravo Ibáñez. El juez unificó los pedidos.
Medidas cautelares previas
El 11 de febrero de 2026, un día después de los allanamientos, el juez García dictó prisión preventiva para cinco procesados, entre ellos Aquiles, Xavier y Antonio Alvarez. Otros cinco quedaron con presentación periódica y prohibición de salida del país, y uno con arresto domiciliario. El alcalde fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi y luego, por razones de seguridad, a la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, donde permanece. Sus hermanos obtuvieron libertad el 2 de abril.
El caso se encuentra en etapa de instrucción fiscal, que vence este 30 de junio. Según la teoría fiscal, el grupo familiar y empresarial habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado destinado a embarcaciones nacionales, pero lo habría desviado a naves internacionales, generando recursos que luego se blanquearon mediante empresas de papel en Panamá.
