El juicio político Inés Manzano avanza en la Asamblea Nacional tras la calificación del trámite por la Comisión de Fiscalización, este proceso ocurre en Quito en el marco del control legislativo, debido a cuestionamientos sobre un contrato energético, mientras ADN y Revolución Ciudadana exponen posiciones distintas sobre responsabilidades, por lo que el caso entra en fase de pruebas de cargo y descargo con miras a un informe final que pasará al Pleno para su eventual resolución política.
La Comisión de Fiscalización habilitó la presentación de pruebas dentro del proceso de juicio político Inés Manzano, luego de la calificación aprobada por mayoría legislativa. El trámite seguirá con la entrega de elementos de cargo y descargo por parte de interpelantes y de la exministra. La decisión final dependerá de un informe que llegará al Pleno de la Asamblea. En esta etapa, el debate se centra en el contrato vinculado a la empresa Austral Technical Management (ATM).
Postura del oficialismo ADN
Desde ADN, la legisladora Diana Jácome afirmó que el proceso sigue lo establecido en la normativa vigente. Sostuvo que el juicio político Inés Manzano debe garantizar transparencia y respeto al debido proceso. "tanto los interpelantes como la exfuncionaria tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas", señaló la asambleísta. Además, indicó que el análisis del caso debe avanzar junto con investigaciones sobre la denominada "ruta del dinero".
En Revolución Ciudadana, el asambleísta Blasco Luna cuestionó la ejecución del contrato energético. El legislador señaló que el monto bordea los $90 millones, con anticipos cercanos a $61 millones. El juicio político Inés Manzano incluye observaciones sobre garantías y cumplimiento de plazos contractuales. Luna afirmó que los equipos entregados no cumplen con la capacidad requerida para el sistema eléctrico nacional.
Debate sobre equipos y responsabilidades
El legislador sostuvo que los equipos podrían generar mayores costos operativos y menor eficiencia. También cuestionó la posibilidad de incorporarlos como mecanismo de recuperación de recursos públicos. El proceso del juicio político Inés Manzano busca establecer responsabilidades políticas en la gestión del contrato. Luna señaló que la información recabada podría derivar en investigaciones penales posteriores.
Desde ADN, se indicó que la Asamblea mantiene otros temas en discusión. Entre ellos, proyectos sobre protección de niños, adolescentes y adultos mayores. La legisladora Jácome afirmó que el juicio político Inés Manzano no detiene la agenda legislativa general. El proceso continuará hasta que la Comisión emita su informe para debate en el Pleno.
