La exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, compareció este martes 14 de julio de 2026 de forma telemática ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Esto,  durante la etapa de presentación de pruebas del juicio político en su contra por el caso ATM.

Inés Manzano participó mediante videoconferencia al encontrarse fuera del país, mientras los legisladores iniciaron la exposición de los elementos de cargo y descargo previstos en el proceso.

Comisión de Fiscalización niega incorporar nueva prueba en juicio político contra Inés Manzano

La decisión se aprobó con seis votos a favor y cuatro abstenciones, al considerar que los proponentes ya conocían la existencia del documento cuando presentaron la solicitud de enjuiciamiento político.

Defensa justificó la comparecencia virtual

La comparecencia de Inés Manzano se produjo luego de que sus abogados, Rafael Oyarte e Ismael Quintana, presentaran un oficio el lunes 13 de julio solicitando que la exministra interviniera de manera telemática. En el documento informaron que la exfuncionaria se encuentra en el extranjero, razón por la que no podía asistir de forma presencial a la sesión de la Comisión de Fiscalización.

Antes del inicio de la audiencia, la secretaria de la comisión dio lectura al oficio de la defensa y oficializó la modalidad de comparecencia. La participación virtual se desarrolló durante la fase de reproducción de la prueba documental, en la que las partes incorporaron documentos, audios y videos dentro del proceso legislativo.

Comisión inició la presentación de pruebas

De acuerdo con el procedimiento establecido, los asambleístas interpelantes disponen de tres horas para presentar las pruebas de cargo, mientras que Inés Manzano cuenta con el mismo tiempo para ejercer su derecho a la defensa y presentar sus argumentos y elementos de descargo.

La legisladora de Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, abrió la sustentación de la acusación recordando la crisis energética que enfrentó el país durante 2024, cuando se registraron cortes de electricidad de hasta 14 horas diarias. Posteriormente expuso presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de la empresa Austral Technical Management (ATM).

Juicio se centra en el contrato con ATM

El juicio político fue impulsado por los asambleístas Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto, quienes atribuyen a la exministra un presunto incumplimiento de funciones en la contratación de ATM para el suministro de generadores eléctricos durante la emergencia energética.

Según los interpelantes, el contrato habría ocasionado pérdidas al Estado cercanas a los USD 70 millones, debido a la entrega de equipos usados y con presuntas deficiencias. Entre las pruebas anunciadas constan un examen especial de la Contraloría General del Estado, el informe de minoría de la Comisión de Transparencia sobre el caso Progen y un laudo arbitral emitido por la Cámara de Comercio de Quito.

Presidente de la comisión pidió mantener el orden

Previo al inicio de los alegatos, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, recordó que la legislación vigente no obliga a la exministra a comparecer físicamente, al señalar que existe un vacío en la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a este aspecto. No obstante, enfatizó que el derecho a la defensa debe garantizarse conforme a la Constitución.

Álvarez también advirtió que el desarrollo del juicio político se basará en pruebas y argumentos, y no permitirá alteraciones durante la sesión. Señaló que suspenderá la audiencia cuantas veces sea necesario si se presentan gritos, insultos o incidentes que impidan el normal desarrollo del proceso.