El presidente Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 mediante el Decreto Ejecutivo 448, emitido este martes 14 de julio de 2026.
El documento, aprobado previamente por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), establece la estrategia que seguirán las instituciones del Estado para enfrentar las principales amenazas a la seguridad y fortalecer la capacidad de respuesta del país.
Plan define la estrategia nacional de seguridad
El Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 fue aprobado por el COSEPE el pasado 9 de marzo de 2026 y constituye la hoja de ruta del Gobierno para la prevención, protección, respuesta y recuperación frente a los riesgos que afectan al Ecuador. El decreto dispone su aplicación en todo el territorio nacional y lo convierte en una política pública de cumplimiento obligatorio para las entidades responsables.
El documento incorpora un enfoque de seguridad integral y multidimensional, con apartados relacionados con el contexto estratégico de la seguridad, amenazas y riesgos en el umbral del conflicto, direccionamiento político y estratégico, mecanismos de seguimiento y evaluación, así como principios para su implementación durante los próximos cuatro años.
Siete objetivos orientan la política de seguridad
Entre los objetivos establecidos constan el control efectivo del territorio nacional y sus recursos, la anticipación y neutralización de amenazas mediante acciones preventivas y coordinadas, la reconstrucción del sistema penitenciario y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
El plan también contempla generar condiciones seguras para garantizar el acceso a servicios esenciales y promover el trabajo pleno, incrementar el control sobre el patrimonio natural y canalizar de manera equilibrada el financiamiento destinado al desarrollo, la seguridad y la defensa. Además, prevé estrategias de ejecución inmediata y acciones programadas para uno, dos y tres años.
Instituciones coordinarán la implementación
El artículo 2 del Decreto Ejecutivo 448 establece que la aplicación del plan estará a cargo del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Estas instituciones deberán coordinar acciones con los diferentes niveles del Estado dentro de sus respectivas competencias.
El documento también incorpora conceptos como amenaza híbrida, ciberseguridad, ciberdefensa, ciberdelincuencia, economía criminal, cultura de seguridad, cooperación internacional y defensa nacional, que servirán como base para la ejecución de las políticas previstas.
Nueve amenazas fueron identificadas
El diagnóstico contenido en el plan identifica nueve amenazas que afectan la seguridad del país: crimen organizado, extremismo violento, intrusión extranjera, minería ilegal, narcotráfico, terrorismo, subversión, corrupción y ciberataques. Según el documento, estas problemáticas requieren una respuesta coordinada entre las instituciones del Estado.
La declaratoria se produce en el contexto del conflicto armado interno reconocido por el Gobierno. De acuerdo con el decreto, el objetivo es reducir los niveles de conflictividad, fortalecer las capacidades nacionales y consolidar alianzas de cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado transnacional.
Como parte del marco doctrinario, el plan se fundamenta en seis intereses nacionales: soberanía e integridad territorial, seguridad y cultura de paz, democracia y Estado de Derecho, vida digna, patrimonio natural y cultural, y prosperidad con equidad. El Gobierno sostiene que este instrumento orientará las acciones estatales en materia de seguridad hasta 2029, mediante una coordinación interinstitucional enfocada en la prevención, el control del territorio y el fortalecimiento de la respuesta frente a las amenazas identificadas.
