El Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Ambiente y Energía y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), ejecutó 260 operativos durante 2025 contra la minería ilegal. Estos controles se realizaron en Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Azuay, Napo, El Oro, Imbabura y Loja, donde esta actividad afecta ecosistemas, seguridad y economía nacional.
Operativos en zonas críticas
Las operaciones se desarrollaron en áreas de alta incidencia. En Esmeraldas, los controles se enfocaron en el río Chacaví, San Lorenzo y Alto Tambo. En Zamora Chinchipe, las acciones se ejecutaron en El Zarza, Cumbaratza y Guaysimi. Otras provincias como Morona Santiago, Azuay e Imbabura también fueron escenarios de intervención.
La estrategia incluyó patrullajes, destrucción de equipos y decomisos, con apoyo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Esta articulación ha permitido desmantelar redes que operan en territorios fronterizos y amazónicos.
Los resultados muestran avances en la contención de actividades ilícitas que atentan contra el ambiente y la economía ecuatoriana.
Resultados de los controles
En lo que va de 2025, los operativos dejaron cifras relevantes: 55 máquinas destruidas, 151 inhabilitadas, 75 bocaminas destruidas, 93 zarandas inhabilitadas, 27 dragas destruidas y 266 toneladas de material mineralizado incautadas.
Además, se decomisaron 159 bombas de agua, 260 generadores de luz y 3.451 galones de diésel. Estas medidas afectaron directamente a las estructuras criminales, reduciendo su capacidad operativa en las zonas mineras.
El Gobierno destacó que estas acciones contribuyen a proteger la biodiversidad y a disminuir los riesgos de contaminación en ríos y suelos.
Provincias con mayor número de operativos
El mapa de operativos revela que Zamora Chinchipe encabeza la lista con 47 controles, seguida por Morona Santiago con 42 y Azuay con 32. En Napo se ejecutaron 25 operativos, en Loja 23 y en El Oro 22.
La distribución evidencia que la Amazonía y el sur andino son los territorios con mayor presencia de minería ilegal, lo que explica la prioridad de intervención en esas áreas.
Compromiso institucional
La ARCOM, creada en 2024 mediante el Decreto Ejecutivo N.º 256, ha fortalecido sus capacidades técnicas para enfrentar este delito. Su labor se centra en controles, sanciones y coordinación interinstitucional.
El Gobierno reiteró que la extracción ilícita destruye ecosistemas, vulnera los derechos de comunidades y compromete el desarrollo sostenible. Con los operativos, se busca asegurar que los recursos minerales se aprovechen de manera legal, técnica y responsable.
La administración de El Nuevo Ecuador insiste en que ninguna red criminal quedará impune y que la defensa del patrimonio natural es una prioridad nacional.
