La Proforma del Presupuesto General del Estado para 2025 destina 7 millones a la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas, con el objetivo de garantizar su funcionamiento. La institución prevé recibir a sus primeros alumnos en noviembre de 2025, una vez que avance la fase de implementación.
Esta información fue entregada por el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, César Vásquez, durante su comparecencia ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. La comisión analiza la proforma del Ejecutivo para emitir un informe no vinculante.
Santo Domingo: recursos adicionales para Educación Superior
Durante la comparecencia, el secretario Vásquez detalló que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación recibirá más de 170 millones en 2025. Además, las universidades públicas del país contarán con 1.400 millones en total, incluyendo a la Universidad de Pueblos y Nacionalidades Indígenas.
Los fondos se utilizarán para varios programas: becas, acceso a la educación y mejoras en la infraestructura. Los comisionados plantearon preguntas sobre temas como la ejecución de los presupuestos, la distribución de becas y los cupos disponibles.
El coordinador de Planificación del Ministerio de Educación, Miguel Parreño, también compareció. Parreño informó que el presupuesto de su cartera para el próximo año asciende a 5.252,22 millones, de acuerdo con el cálculo constitucional. Este monto cubre gastos corrientes y de inversión para el sistema educativo del país.
Inversión en programas y servicios
El Ministerio de Educación planea destinar una parte del presupuesto a programas de gran escala. El gasto corriente cubrirá la provisión de alimentación para 2,7 millones de estudiantes, textos escolares para 3,1 millones, uniformes para 1,23 millones y transporte para 23.747 estudiantes.
Por otro lado, la inversión se concentrará en áreas como la infraestructura educativa, la mejora de aulas y la formación de docentes. Estos fondos se usarán también en contrataciones plurianuales, lo que asegura una planificación a largo plazo.
La proforma garantiza el funcionamiento de las instituciones educativas y los servicios que benefician a millones de alumnos en todo el país. El objetivo es asegurar que la educación superior y básica tengan los recursos necesarios para operar y crecer.
