La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional recibió criterios de especialistas durante el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Inquilinato, iniciativa que busca actualizar las normas que regulan las relaciones entre propietarios e inquilinos en Ecuador. Las observaciones serán analizadas para la elaboración del informe que servirá de base para el segundo debate legislativo.
En la sesión participaron Gabriela Lemos Trujillo, jueza de primer nivel con competencia en materias civil, mercantil y de inquilinato, y Stalin Sánchez, experto en derecho procesal. Ambos expusieron criterios técnicos sobre varios aspectos del articulado que actualmente se encuentra en discusión dentro de la comisión.
La presidenta de la mesa legislativa, Rosa Torres, solicitó que las observaciones presentadas por los especialistas sean remitidas formalmente a la comisión para que puedan ser evaluadas durante la preparación del informe para segundo debate.
Expertos presentan observaciones al proyecto
Gabriela Lemos Trujillo manifestó la necesidad de realizar ajustes al texto propuesto con el objetivo de evitar futuras controversias en la aplicación de la norma. Durante su intervención también señaló que, para establecer la existencia de una relación contractual cuando no exista un contrato escrito, no considera necesario reiterar disposiciones ya contempladas en la legislación vigente.
La jueza explicó que el ordenamiento jurídico ya reconoce la declaración juramentada como un medio de prueba para acreditar la relación entre arrendador y arrendatario, por lo que estimó innecesario incorporar nuevamente esa previsión dentro de la reforma.
Por su parte, Stalin Sánchez expresó su respaldo a la utilización de contratos escritos en materia de inquilinato. Indicó que este mecanismo ofrece mayor certeza jurídica para ambas partes al dejar definidas las obligaciones asumidas por propietarios e inquilinos, además de establecer las vías para resolver eventuales conflictos derivados del contrato.
Reforma aborda garantías y resolución de conflictos
El proyecto de reforma también plantea nuevas reglas sobre las garantías de arrendamiento. La propuesta busca que estos depósitos respondan a criterios relacionados con posibles daños al inmueble y no dependan únicamente del acuerdo entre las partes.
Asimismo, la iniciativa contempla que las controversias derivadas de los contratos de arrendamiento puedan resolverse mediante un procedimiento sumario para agilizar su tramitación. El proyecto aún debe superar el segundo debate en la Asamblea Nacional, la revisión del Ejecutivo y su publicación oficial antes de entrar en vigencia.
